Opinion

“¡Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo!”, fue la voz con la que la comunidad lésbico gay capitalina festejó este lunes. El motivo no pudo haber sido más trascendental. La V Asamblea Legislativa del DF hizo posible una de nuestras conquistas más importantes. Logramos que la Ley nos confiera la garantía de elegir libre, equitativa y legalmente con quién compartir nuestras vidas. Dejamos de ser ciudadanos “de segunda”.

Lo que sí llegó por sorpresa fue el aval de la adopción para las nuevas parejas jurídicamente reconocidas. La inesperada propuesta de la asambleísta Maricela Contreras fue respaldada por sus correligionarios perredistas y sus colegas petistas. Se rompió así el candado al artículo 391 del Código, que apuntaba: “No será aplicable [la adopción] cuando los cónyuges o concubinos sean del mismo sexo”.

En sus páginas virtuales, El País informó: “El matrimonio gay llega a Latinoamérica”. La BBC de Londres detalló que la capital era “la primera en respaldar el matrimonio gay” en la región. A su vez, The New York Times comunicó: “La ciudad de México legaliza matrimonios del mismo sexo”. En esta ocasión, nos convertimos en noticia no por una crisis sanitaria ni por casos de violación a los derechos humanos; ni por el narco.

Los mexicanos dimos de qué hablar porque nos sumamos al grupo de entidades que reconocen y validan el casamiento gay como una expresión del amor libre. Antes lo hicieron los Países Bajos (2001), Bélgica (2003), Canadá (2005), España (2005), Sudáfrica (2006), Noruega (2009) y Suecia (2009). Estas mismas naciones, además de Andorra, Dinamarca, Islandia, el Reino Unido de la Gran Bretaña y Uruguay, también antes decidieron autorizar que dos personas del mismo género adopten a un menor.

Quienes se oponían a la reforma se valieron de argumentos religiosos, jurídicos, morales y hasta lingüísticos para frenarla. Sería incoherente que quienes abogamos por el derecho a ser distintos juzguemos a quienes divergen de nosotros. Sin embargo, es válido defendernos de descalificaciones basadas en la intolerancia, la ofensa y la burla.

¿Por qué reservar jurídicamente esta prerrogativa a los heterosexuales? En su artículo primero, la Constitución Política es clara: “Todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución […]. Queda prohibida toda discriminación”.

Los detractores igualmente aseguraron que la nueva figura destruía la familia. Pensar que esta institución sólo existe ante la unión de un padre y una madre que procrean, desconoce las relaciones que se dan en los hechos y que contemplan: matrimonios tradicionales que adoptan; padres solteros (cualquiera que sea el género), viudos o divorciados; abuelos o hermanos protectores; y una infinidad de realidades distintas.

Los gays no atentamos contra la familia porque venimos de ella. Nacimos en el seno de alguna: probablemente tradicional o alternativa, quizás cohesionada o desunida, posiblemente amorosa u hostil; pero, al final, familia. Asimismo, somos capaces de echar a andar un proyecto en común que tenga como propósitos el cariño, el respeto, la corresponsabilidad y la fidelidad.

Yerran quienes nos acusan de ir contra natura. En tanto que existe, la homosexualidad es algo natural. No somos producto de mutaciones, engendros, embrujos, artificios, ni nada por el estilo. Somos seres humanos que, por motivos personales incuestionables, escogimos una forma personal de ejercer nuestra sexualidad.

Nos ofende que, por esa elección, se nos califique como libertinos y depravados. Mejor prueba contra ello es el hecho mismo de aspirar a una relación comprometida y socialmente reconocida. Quienes decidan adoptar lo harán para criar, educar y formar a niños y jóvenes a quienes la vida ha dejado desprotegidos y que necesitan de una fuerza que los respalde.

Periodista