Opinion

Ciudad Juárez nos duele de muchas maneras. La más profunda es la intolerable violencia contra las mujeres. Este drama nos taladra por su manto de impunidad y porque se da con la complicidad, negligencia e ineptitud de instancias de todos los órdenes de gobierno.

Desde 1993, año en el que los asesinatos cometidos contra mujeres y niñas en esta ciudad fronteriza alcanzaron dimensión internacional, se han emitido cientos de informes de organizaciones de la sociedad civil denunciando el feminicidio y representantes de organismos internacionales han dado cuenta de este fenómeno. Se ha recibido la visita de la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas, del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana y su Relatora Especial sobre los Derechos de la Mujer, entre otras.

México ha recibido más de 40 informes con recomendaciones que abordan el tema de los asesinatos cometidos en Ciudad Juárez. La evidencia se nos cae de las manos. En respuesta, el gobierno y la clase política mexicana han dado muestra del desprecio hacia la protección del derecho a la vida de las mujeres y la reticencia por garantizar una ciudadanía plena, libre de discriminación de género.

En este escenario la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en una resolución histórica —publicada el pasado 10 de diciembre y fechada el 16 de noviembre— al Estado mexicano en el llamado caso “Campo Algodonero”. En esta sentencia la Corte ratificó lo que las familias de tres mujeres, cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida y con claras señas de violencia sexual en 2001, han venido sosteniendo por años: las autoridades mexicanas son incapaces de velar por la vida de las mujeres y niñas juarenses. Más grave aún, sumado al dolor de la muerte de sus hijas, las familias deben padecer un galimatías por la insensibilidad, la incapacidad y la corrupción de los encargados de las investigaciones.

La Corte dice: el Estado violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal reconocidos en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en relación con la obligación general de garantía, así como el deber de no discriminar al garantizar estos mismos derechos. Incumplió con su deber de investigar, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y con el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará y los derechos de acceso a la justicia y protección judicial. Por unanimidad, las y los jueces de la Corte declararon que todas estas violaciones fueron cometidas en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y sus familias.

Este caso es una muestra del ensañamiento y la violencia que se cometen contra las mujeres en Juárez. Es resultado de la violencia feminicida que representa un daño considerable al tejido social de la ciudad. La sentencia que lo confirma y que establece diversas medidas de reconocimiento y reparación del daño es resultado de la valentía y el empeño de mujeres que han desafiado todo tipo de adversidades durante años.

Estas familias han dejado claro que estarán pendientes del cumplimiento y satisfacción de todas las medidas dictadas por la Corte y que sigue pendiente la más básica de las condiciones de justicia: la identificación de los responsables materiales y la sanción de quienes desde el servicio público incumplieron sus obligaciones.

Está en manos del Estado mexicano, pero de forma preponderante en el Ejecutivo Federal, cambiar los derroteros que hasta ahora han tenido los feminicidios en Ciudad Juárez. A pesar de que el apartado de la sentencia referido a las reparaciones establece un importante curso de acción, la dimensión del problema es tal que no tendríamos que esperar la solución de la noche a la mañana.

Apelando a la mínima expresión de vergüenza, esperaríamos que los representantes del Estado mexicano dejen a un lado su insensibilidad y el uso de artilugios técnico-jurídicos para desestimar la aspiración de justicia. Además de justicia para las víctimas esperamos que por fin cambie con esta sentencia es el derroche de tanto cinismo.

andrea@fundar.org.mx miguel@fundar.org.mx

Investigadora y Director adjunto de Fundar,

Centro de Análisis e Investigación.