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Manuel Bartlett Díaz

Abdicación

Manuel Bartlett Díaz nació el 23 de febrero de 1936, en la Ciudad de Puebla.

Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Naciona ...

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    03 de diciembre de 2009

    El más brutal instrumento de dominio del pueblo mexicano son las televisoras. Medios de los intereses económicos dominantes manipulan al auditorio desprotegido. No son un “poder” neutro, deberían serlo, como concesionarias del Estado supuestamente democrático y con responsabilidad social. Pero el gobierno de Calderón no es democrático ni neutral ni comprometido con los intereses públicos sobre los privados. Televisa y TV Azteca son parte de la oligarquía.

    Someter al duopolio al interés público, simplemente a la ley, es batalla inconclusa porque ese “poder” está asociado al poder político. El caso Cofetel, Comisión Federal de Telecomunicaciones, lo ejemplifica. Es su responsabilidad democratizar la radiodifusión y no la cumple. Creada como organismo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones Transportes para otorgar y retirar concesiones, con objeto de que esta materia estratégica quedara en manos de un grupo de personas imparciales a salvo de los intereses políticos del secretario del ramo. Veamos.

    La ley Televisa asignó a la Cofetel facultades sustraídas al secretario de Comunicaciones, de acuerdo al diseño de Televisa, aprobado por su connivencia con los coordinadores del PAN y del PRI en el Senado y legisladores coludidos. Publicada la ley, Fox, Calderón, candidato del PAN, y Emilio Gamboa, vicecoordinador priísta, nombraron a los comisionados: el presidente de la Comisión de Radiodifusión del Senado, Héctor Osuna, principalísimo operador de la ley Televisa, resultó presidente de la Cofetel, y como comisionados, un adelantado de Gamboa y los “imparciales” directores jurídicos de Televisa y TV Azteca, sustituidos después por un amparo reclamando derechos que obligó a incorporar a Del Villar y Martínez Pous, ajenos al grupito. Demandada la inconstitucionalidad de la ley Televisa por senadores inconformes, la Suprema Corte declaró inconstitucionales las concesiones a perpetuidad, pero no anuló facultades reservadas por el ingenio de Televisa a la Cofetel. Así, el instrumento fundamental de la regulación quedó mayoritariamente en manos de las televisoras, conservando la autonomía atribuida para servir eficazmente a sus patrones: juez y parte.

    Pero el secretario de Comunicaciones, Téllez, no toleró que la Cofetel se apropiara la distribución del pastel y armó un reglamento para recuperar esas funciones; declaró paladinamente que la Cofetel estaba capturada por las televisoras y Calderón firmó el reglamento.

    Pero los creadores de la Cofetel capturada no aceptaron que le quitaran las facultades que le habían reservado. Casualmente el presidente de la Cámara de Diputados, ligado al entonces coordinador, diputado Emilio Gamboa, presentó una controversia constitucional: “El reglamento viola la ley”. Gamboa, jefe maniobrero en el Senado para impulsar la ley Televisa, reaparece para evitar que le quiten a la Cofetel con su actual composición tan útiles funciones. El impulsor de la inconstitucional ley Televisa, resulta defensor de la Constitución, fiel a sus intereses. Una resolución correcta de la Suprema Corte termina devolviéndoles a las televisoras su Cofetel.

    La Cofetel naturalmente está acusada de actuar con parcialidad. Osuna impúdico reta a que se lo demuestren. Osuna es parcial, fue desembozada su maquinación para sacar la ley Televisa, está ahí por Televisa.

    Calderón está obligado a actuar, es responsable, impulsó la ley Televisa y el nombramiento de Osuna; por boca de Téllez su gobierno denunció la parcialidad de la Cofetel, firmó el reglamento anulado supuestamente para corregirlo. Debe y puede remover legalmente a los comisionados afectados por conflicto de intereses. Dejarlos es aceptar que las televisoras se impongan: grave abdicación.

    [email protected]

    Ex secretario de Estado



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