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Gabriel Sosa Plata

Próxima licitación. ¿Más amparos en puerta?



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    27 de noviembre de 2009

    Aunque hay cuentas alegres de sus beneficios, la posibilidad de detener el proceso de licitación sigue latente por la casi inminente presentación de amparos.

    Y es que para algunos operadores, las bases de licitación, que estarán a la venta entre el 6 y el 8 de enero de 2010, tienen varios problemas de origen.

    El primero es que con la reserva de espectro para nuevos operadores se parte de un proceso desigual e inequitativo para una licitación que debiera ofrecer las mismas posibilidades a los operadores presentes y para los competidores potenciales.

    El segundo problema es que se establece un límite de acumulación de espectro o “Cap” de 80 MHz que les impide a los operadores actuales acceder a más frecuencias de un recurso fundamental para ser más eficientes y desarrollar nuevos servicios que requieren más ancho de banda, lo que inhibe la libre competencia plasmada en la Constitución.

    Su argumentación parte de la idea de que esa limitación es artificial, arbitraria e injustificada técnicamente y en términos de competencia, ya que hay espectro suficiente para el desarrollo de servicios móviles no sólo para esos operadores sino para los nuevos, por lo que el “Cap” debió ser mucho mayor.

    Un tercer problema es la exención del pago de derechos aprobada por el Congreso para los ganadores de estas licitaciones, lo que coloca también en una situación de privilegio a los nuevos operadores frente a los operadores actuales, debido a que estos últimos, aunque también resulten beneficiados por dicha exención, no tuvieron un privilegio similar cuando se incorporaron al mercado.

    Por eso es que la licitación se considera un traje a la medida en la que sólo habría dos ganadores, quizá Televisa en alianza con otras cableras, y Nextel. Los otros operadores, los que ya están (América Móvil-Telcel, Telefónica Movistar y Iusacell), poco ganarían en realidad por el “Cap” y por los dados cargados en pago de derechos.

    Bajo tal panorama, le puedo adelantar que casi se da como un hecho que al menos dos de estas empresas se ampararán.

    Los amparos, como ocurrió con la licitación de 2005, podrían así entorpecer los proyectos de Televisa y de las empresas que le acompañarían para ganar estas bandas de frecuencias. Debemos reconocer que, si esto ocurre, la competencia en el mercado de la telefonía celular y el desarrollo de servicios de tercera generación o 3G, con sus indudables beneficios a los consumidores, también tendría afectaciones. Sería una lástima, pero tanto la SCT como la Cofetel, la Cofeco y algunas empresas interesadas se empeñaron en establecer condiciones favorables para algunos operadores y desfavorables para otros.

    Las negociaciones “gana-gana” o de suma variable, en las que todas las partes salen ganando, no fueron consideradas. Como ocurrió con la “ley Televisa”, algunas empresas se han querido servir con la cuchara grande.

    Unefon y más

    La fecha se cumplió: ¿hubo o no irregularidad en el proceder de los exfuncionarios de la Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT) que dos días que terminara el gobierno foxista gestionaron el pago de 550 millones de pesos por concepto de devolución de impuestos cobrados a la empresa Sistemas Profesionales de Comunicación, S.A. de C.V., conocida actualmente como Unefon?

    Este fin de semana se cumplen tres años del hecho y de según la ley habrá concluido el periodo para establecer, si fuera el caso, las sanciones correspondientes. Ahora que tanto se habla de la necesidad de transparentar la gestión de los funcionarios públicos y de que el Congreso perdonó la vida de esa dependencia, es de mayor obligación de la Secretaría de la Función Pública informar de sus investigaciones y resoluciones.

    Felicidades a TV UNAM, que dirige Ernesto Velázquez, por obtener la mención honorífica del programa “Sí acepto. Sociedades de convivencia”, perteneciente a la serie “Gente como nosotros”, en el Premio FIP Periodismo para la Tolerancia, organizado por la Federación Internacional de Periodistas en Caracas, Venezuela. Este reconocimiento se otorga justo cuando en México se debate ampliamente el tema.

    Ayer se presentó el libro ¿Qué legislación hace falta para los medios de comunicación en México?, publicado por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, que preside el doctor Raúl Trejo Delarbre.

    En la obra se incluyen propuestas de periodistas, académicos, productores, escritores, analistas de diversas especialidades, exlegisladores y exfuncionarios, en las que se reitera la urgente necesidad de actualizar el merco jurídico de los medios de comunicación.

    Hoy corresponde la presentación a la obra 50 años de ciencia y tecnología aeroespacial, de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Este libro, coordinado por los doctores Raúl Alva y Gisela Méndez, se publica también en otro marco interesante: el regreso del gobierno como operador de satélites. La cita es a las 16:30 horas en la Casa de la Primera Imprenta de América (Francisco Primo de Verdad # 10, esq. Moneda, Centro Histórico).



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