Opinion

Durante décadas el Presidente de la República tuvo el poder de decidir quién se dedicaba al negocio de los medios electrónicos de comunicación. Gracias al control de las concesiones se logró ejercer en México una política abundante en limitaciones para la libertad de expresión.

Hace tiempo que este resabio del autoritarismo comenzó a debilitarse pero desde ayer los mexicanos podemos darlo por muerto. La Suprema Corte determinó que otorgar o negar concesiones de radio y televisión sólo corresponde a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), un órgano que posee márgenes de autonomía frente al Ejecutivo. Se trató de una decisión donde los ministros nos recordaron la importancia de contar con órganos reguladores cuyos criterios respondan a razones técnicas, no políticas. Esa es la única manera de enfrentar sistemáticamente los abusos de los poderes fácticos y también de los poderes formales que interactúan en el país.

Con esta decisión jurisdiccional, la Cofetel será ahora la única “ventanilla” a la que las empresas de radio y televisión podrán recurrir para explotar el espacio radioeléctrico.

No es sólo una variación burocrática. Nunca más un Presidente podrá negociar lealtades a cambio de prebendas para los dueños de los medios electrónicos de comunicación. Se trata de un mecanismo que sirve para garantizar que el interés público prevalezca sobre el privado.

Cabe ahora esperar que en el seno de la Cofetel no se vayan a cometer abusos, ni se tomen decisiones sesgadas. Hay que recordar que quienes hoy participan en esa instancia, en su mayoría, fueron propuestos por los principales actores regulados. Si bien ese es tema de otra discusión, a partir de ayer el papel desempeñado de manera autónoma por esta comisión habrá de ser observado muy estrictamente por la opinión pública.