Opinion

Mientras en el Congreso los diputados aumentan nuestras contribuciones, algunos gobernadores pretenden eliminar el cobro del impuesto sobre tenencia vehicular.

El gobernador José Calzada, recién electo en Querétaro, prácticamente inició su mandato firmando el decreto respectivo. En Coahuila, Humberto Moreira reveló que su administración evalúa esta posibilidad, sugiriendo que haría pública su decisión en su próximo Informe. No se descarta que otro estado se suba al barco, pues la idea es políticamente irresistible: continuar financiando el gasto estatal con participaciones y aportaciones federales, sin tener que compartir el costo político de cobrar impuestos.

Usemos el ejemplo de Coahuila para ilustrar las perversidades de esta estrategia. Según los cálculos del Congreso, el aumento al IVA del 15% al 16% representa ingresos adicionales por 27 mil millones de pesos anuales. De ellos, se estima que corresponderá a los habitantes de Coahuila pagar 370 mdp. Los nuevos impuestos a telecomunicaciones, cerveza y tabaco pretenden recaudar 13 mil 121.5 mdp, de los cuales los coahuilenses pagarán 250 mdp. Es decir, aportarán vía estos dos conceptos alrededor de 620 mdp para tapar el boquete que sufren las finanzas nacionales.

Pero si Moreira elimina el cobro de tenencia, Coahuila dejará de recaudar 590 mdp anuales. Es decir, el dolor desatado por el reciente aumento al IVA y al IEPS habrá sido casi en vano. En el agregado, una medida cancelaría a la otra, con una diferencia fundamental: el gobernador será vitoreado como héroe, mientras que el Presidente y los diputados que aprobaron el aumento de impuestos serán recordados como villanos.

En un mundo ideal, los gobernantes en busca de estos aplausos tendrían que tomar decisiones difíciles. Si para cubrir el hueco los gobernadores optan por recortar sueldos y eliminar burocracias innecesarias, tendrían que explicar por qué existen en sus administraciones tales ineficiencias. Si recurren a la deuda, estarían obligados a justificar por qué consideran apropiado cargarle la mano a las próximas generaciones. Si su decisión fuese simplemente cancelar obras o programas, detonarían un sano debate público sobre sus prioridades.

Lamentablemente nada de esto va a ocurrir. Los gobernadores que proponen eliminar la tenencia calculan que pueden vivir de las transferencias federales. Para Coahuila perder 590 mdp de tenencia no suena tan mal, particularmente cuando en 2008 dicho estado recibió 21 mil 848 mdp del gobierno federal vía participaciones, aportaciones y convenios. Querétaro renuncia a los 441 mdp que recaudó por tenencia en 2008, pero su tesorero sabe que este año recibirá de la Federación 15 mil mdp.

Sin embargo, la perversidad de esta propuesta no radica en el pragmatismo político de sus proponentes, sino en la profunda injusticia que detona. A pesar de su evidente popularidad, eliminar la tenencia lastima a muchos para privilegiar a pocos. Todos los queretanos (y quizá todos los coahuilenses) pagarán más en IVA, pero sólo los automovilistas dejarán de pagar tenencia. Hasta la persona más pobre de esos estados estará subsidiando al conductor que llena nuestras calles.

Con todas sus fallas, la tenencia no es técnicamente tan mala. Es un impuesto progresivo, pues pagan más quienes tienen un coche más lujoso. Es equitativo, pues afecta a quienes pueden pagar un vehículo, y no a los millones obligados a viajar en camión. Es un impuesto justiciero, pues ayuda a corregir externalidades negativas del automóvil, como la congestión y la contaminación. El IVA, por el contrario, tiende a reducir el consumo en un momento en el que necesitamos reactivar la economía, y tiene elementos de regresividad.

Si los gobiernos locales deciden que puede vivir sin los recursos de la tenencia, valdría la pena tomarles la palabra. Dejemos que se abrochen el cinturón, pero propongamos mantener este ingreso para crear una alternativa al coche. ¿Por qué no etiquetar estos ingresos para financiar proyectos de movilidad? Los proyectos así financiados generarían empleos y permitirían a los gobernadores seguir colgándose medallas. Además, este mecanismo daría claridad a los contribuyentes sobre el destino de sus recursos. No es lo mismo pagar tenencia para subsidiar ineficiencias gubernamentales que para reducir la congestión en las calles.

Cierto: los mexicanos odiamos pagar impuestos. Pero si tenemos que escoger, deberíamos privilegiar la opción que menos perjudica a las mayorías y no la que más beneficia a nuestros políticos. Por más atractiva que suene la propuesta eliminar la tenencia, no se vale abrir un hoyo para tapar otro.

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Departamento de Estudios Urbanos y Planeación del MIT