Opinion

Ser pariente, compadre o amigo de un juez, magistrado o ministro es garantía de empleo en el sistema judicial mexicano, sin importar cuáles sean los méritos y las capacidades del influyente en cuestión. Lo sabía todo el país, pero apenas ahora lo confirma el Consejo de la Judicatura con base en una investigación propia. Un emblemático ejemplo de nuestro rezago civilizatorio.

Como en la época feudal, la administración pública es generosa con la estirpe, con el linaje, más que con los conocimientos y el talento de tantos otros plebeyos sin la suerte de nacer bajo las sábanas pagadas por el presupuesto estatal. La práctica afecta todas las esferas del Estado, desde la educativa hasta la petrolera, pasando por el ámbito sindical y hasta el político, con el agravante en los primeros dos casos —y en varios más— de que la costumbre se encuentra legalizada a través de leoninos contratos colectivos de trabajo. Napoleón Gómez Urrutia, el minero que nunca trabajó como tal pero que heredó el liderazgo gremial de su padre, es el mejor ejemplo.

El sistema fomenta la sensación entre los ciudadanos de que la nuestra no es más que una oligarquía disfrazada de democracia, en la que la superación personal por medio de la preparación y el esfuerzo son inútiles frente al poder del parentesco y la influencia.

De manera calculada la clase política mexicana ha ignorado la necesidad de reformar el sistema de palancas para sustituirlo por uno de méritos y conocimientos.

En el caso que hoy nos ocupa, no basta con que el Consejo de la Judicatura diagnostique el mal y mande un memorándum exhortando a actuar éticamente. Debe promover un plan de carrera que determine la entrada, el ascenso y las prestaciones. De esa manera sabremos que nuestros jueces y magistrados son los mejores, no los mejor recomendados.