Opinion

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un instrumento necesario para que el estado de derecho sea realidad plena. Su misión fundamental es la de proteger al gobernado de todo abuso de autoridad, y por tanto, hacer respetar la dignidad de las personas por quienes forman parte del servicio público gubernamental.

Defender el estado de derecho y la democracia implicó varias tareas durante mi gestión en la subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE; entre ellas, impulsar en el Senado la ratificación de casi todos los tratados en materia de derechos humanos, así como el reconocimiento de los mecanismos de vigilancia para México, lo que hoy posibilita, entre otras cosas, que las personas afectadas por violaciones a sus derechos humanos puedan dirimir denuncias a nivel internacional.

Mi plataforma para la presidencia de la CNDH contempla cinco grandes ejes, que encabeza el tema del bienestar de las personas ligado al cumplimiento de los derechos humanos. Incluye los derechos relativos al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y las recomendaciones que el comité de seguimiento le ha hecho a México en materia de desigualdad social y económica.

México mantiene normas discriminatorias que no van de la mano con los tratados firmados; necesitamos cambios radicales,

En materia de acceso a la justicia, la CNDH puede ser coadyuvante de la víctima, garantizar el apoyo jurídico. En el país, la reparación del daño es prácticamente inexistente, pero es posible garantizarla a través de la consolidación de un equipo jurídico profesional.

Es lamentable: en todo el país no hay un solo tribunal que tenga un equipo de traductores e intérpretes, a pesar de que existen 62 lenguas en la nación. Las víctimas de delito no tienen apoyo.

La CNDH requiere una reforma a su estructura porque no es cierto que los derechos humanos sean para todos. Hay grupos de mayor vulnerabilidad, por eso hemos pensado en una reestructuración de las visitadurías.

Es el caso de niños y niñas, especialmente menores migrantes, jornaleros agrícolas y quienes son víctimas de trata de seres humanos. Nuestro país está colocado ya como lugar de origen de la trata de personas, incluso con zonas establecidas de prostitución y pornografía infantil.

De las 700 recomendaciones que tiene México en la materia casi 70% son relativas a la violencia contra la mujer, por lo que tenemos que enfocarnos ante la gravedad de la situación.

El tema de las personas con discapacidad no ha sido visto como parte del trabajo de la CNDH. En México se calcula en 8 millones el número de personas, las cuales, de haber sido atendidas al inicio, tal vez no tendrían el problema.

En los pueblos indígenas se mantiene un alto porcentaje de analfabetismo, siete de cada 10 son mujeres que viven en comunidades apartadas donde la venta de niñas apenas se documenta. Sabemos dónde y a qué precio se venden. La comisión tiene que atender estos hechos.

En el caso de los migrantes es dramático e inaceptable el trato que reciben. Las personas con preferencias sexuales distintas a la heterosexual son objeto de crímenes de odio.

Debemos incidir en la prevención de la tortura y en el tema de la desaparición forzada de personas. Sólo 13 estados han legislado sobre este tema, es decir, en los otros no es delito.

La CNDH requiere del apoyo de la gente a través de observatorios ciudadanos. También comprometerse en el campo internacional, generar acuerdos de cooperación y atender las denuncias que se presenten.

Es importante recalcar la importancia del respeto a los derechos humanos como parte del desarrollo económico; muchas inversiones no se hacen porque el riesgo-país está creciendo.

El desarrollo de una nación va ligado a la calidad de la ciudadanía, y en México no hemos alcanzado esa posibilidad de depender y luchar por nuestros derechos.

Quiero garantizar que la CNDH se convierta en un instrumento de las personas, que la hagan suya y vean en ella un organismo real de acción, que promueva el ejercicio de las libertades democráticas y del progreso del país, imposible sin el pleno ejercicio de los derechos humanos.

Abogada, ex subsecretaria en la SRE