Opinion

La semana pasada se celebró el día “de la tercera edad” o, de manera más popular el día de los abuelos. Por desgracia, para muchos seguramente había poco que festejar ya que llegar a esta edad en nuestro país puede convertirse en una verdadera tragedia. Existen diversas razones para aseverar esto.

México es uno de los países con la peor distribución del ingreso en el mundo y tenemos una enorme población en pobreza, como lo señalan las propias estadísticas oficiales. Casi 51 millones en pobreza de patrimonio, de los cuales casi 20 millones se clasifican en pobreza alimentaria. Estas cifras son a 2008, cuando aún no se habían sentido de manera importante los efectos de la actual crisis, por lo que es de esperarse que esta situación empeore en estos años, como es común en procesos económicos de esta índole. También algunos estudios han mostrado cómo estas condiciones de pobreza se agudizan para lo población de la tercera edad. Y en gran parte esto es resultado de la carencia de un sistema de protección social que permita hacer frente a la inseguridad económica que se enfrenta en esta fase de la vida.

Un componente central de un esquema de seguridad social es la existencia de un sistema de pensiones cuyos objetivos fundamentales son los de prevenir la pobreza entre la población en edad avanzada y permitir suavizar los perfiles de consumo de la población a lo largo de su vida. Pero esto claramente no ha sido resuelto en nuestro país. Un indicador que muestra la efectividad de la política pública en esta materia es la cobertura de su sistema de pensiones, y en ese renglón estamos aún reprobados. No hablaré de la cobertura de la población activa, que también es altamente deficiente si se mide de manera adecuada, sino de la referida a la población mayor a los 65 años de edad. En un estudio del Banco Mundial (2008) que realiza una comparación para países de América Latina, se consigna que en 2006 aproximadamente 75% de la población mexicana en este grupo de edad no recibía algún ingreso por pensión a nivel nacional, y en el caso de la población rural el porcentaje superaba 90%. Además estos porcentajes son mayores entre menor es el ingreso y el nivel educativo. Nuestra posición en la tabla era por debajo de la media, y muy por debajo de lo que ocurre en países como Uruguay, Brasil, Costa Rica y Argentina. Seguramente Coneval aclarará que “se observa una reducción en el porcentaje de personas de 65 años o más que no reciben pensión: en 1992, en 20% de la población más pobre del país, 94.1% de las personas de 65 años no trabajaban y no recibían pensión; este porcentaje se redujo a 90.8% (890 mil personas) en 2006, y a 70.2% (738 mil personas) en 2008” y a nivel nacional reportan una cobertura superior a 50%. Pero aún con estas cifras queda claro que la brecha es enorme y la falta de protección para esta población es alarmante.

Nuestro sistema de pensiones es insuficiente, ineficiente e incluso regresivo. Curiosamente, la ligera mejoría en cobertura para este grupo de edad es en gran parte resultado de la incorporación del programa de apoyo a la tercera edad en el Distrito Federal y la presión que generó para crear algo similar, al menos para cierta población ya participante en otros programas federales. Pero de ninguna manera responden a una estructura unificada y definida que busque resolver este problema a nivel nacional.

Frente a esta situación tenemos tres posibilidades. Seguir con el status quo esperando que aumente la caridad social y familiar, lo cual es patético; esperar el “momento adecuado” para implementar una reforma integral como se ha sugerido, que evite generar distorsiones en diversos mercados y sea financiable, sustentable, lo cual obviamente sería lo deseable sin duda. El problema es que no queda claro cuándo llegará ese “momento adecuado”, sobre todo ante esta crisis y nuestro hoyo fiscal que llevará tiempo corregir. La tercera posibilidad es ir avanzando en una solución. Considerando la experiencia internacional y la literatura reciente sobre el tema, el mecanismo que permite realmente resolver el problema de la cobertura sería el de un esquema de pensión universal no contributiva y financiada con ingresos públicos generales, preferentemente derivados de impuestos al consumo. Éste es un planteamiento general y pueden discutirse distintos detalles sobre condiciones mínimas para su otorgamiento y cómo integrarla en el resto de los esquemas contributivos. También podría entrar este tema en la discusión sobre la generalización del IVA, garantizando que parte de esos ingresos adicionales permitieran financiar este programa. Al menos, el impacto regresivo de este tipo de impuestos tendría como contrapartida un efecto redistributivo vía este programa. En todo caso, el problema de la cobertura en pensiones y el empobrecimiento de la población en tercera edad es un tema que tarde o temprano obligará al gobierno a actuar, y más vale hacerlo con tiempo porque las reformas al IMSS y al ISSSTE no están resolviendo este problema en particular.

Investigador del CIDE y de la EGAP-ITESM-MX

alejandro.villagomez@cide.edu http://wwwtinteroeconomico.blogspot.com/