Opinion

Los argumentos para cerrar los ojos ante el expediente de Acteal eran muy poderosos. Y sin embargo, los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no cayeron esta vez en la tentación de la cobardía judicial.

Si su decisión ya ventilada en los medios de comunicación se confirma, el próximo miércoles se concederá el amparo (y la inmediata liberación) a 41 ciudadanos mexicanos por haber sido condenados injustamente a causa de una serie de delitos, cuya responsabilidad la autoridad no pudo probar.

La masacre de Acteal ocurrió hace más de 11 años, el 22 de diciembre de 1997. Aquel día, 45 indígenas tzotziles, en su gran mayoría mujeres y niños, fueron asesinados por un grupo organizado de criminales que logró darse a la fuga.

Este hecho ocurrió en el contexto de las tensiones políticas y sociales producto del enfrentamiento entre el EZLN y el Estado mexicano. Desde el movimiento zapatista se acusó al presidente de la República de estar detrás de la masacre. Por su gravedad y también por la mirada internacional que por aquel entonces pesaba sobre la región, la presión sobre el gobierno de Ernesto Zedillo creció enormemente.

La reacción del jefe del Ejecutivo fue remover de inmediato al gobernador de la entidad y también a su secretario de Gobernación. Puso en simultáneo a trabajar, a marchas forzadas, a las maquinarias policial y del Ministerio Público para que localizaran a los culpables. Antes de que llegaran las fiestas de fin de año, las autoridades ya contaban con más de 120 detenidos.

Una consigna principal pareció imponerse desde el gobierno: mientras mayor sea el número de acusados, mejor restituido quedará el prestigio del Estado mexicano.

Según todos los elementos que hoy se encuentran a disposición de la SCJN, para lograr este objetivo se falsificaron pruebas y testimonios, se manipuló la escena del crimen, se inventaron culpables y se violaron los principios más esenciales del debido proceso.

Las autoridades de aquella época lograron lavarse la cara al hacer las cosas de esta manera. También aquellos que clamaban justicia obtuvieron algo de satisfacción. La gran mayoría de los detenidos vivía en una comunidad contigua pero enemiga de los pobladores de Acteal. Su culpabilidad resultaba por tanto conveniente. Aunque tzotziles —al igual que las víctimas asesinadas— los acusados eran evangélicos y priístas, y no católicos y zapatistas como sus vecinos.

Durante cerca de nueve años este asunto logró mantenerse en un frágil pero efectivo equilibrio. Los jueces no emitieron sentencia en contra de estos acusados (faltaban elementos), pero el Estado mexicano pudo actuar como si el caso estuviera cerrado.

Mientras tanto 41, de los 120 detenidos originales, aseguraban ser inocentes. Aportaron pruebas y testimonios que les ubicaban lejos del lugar donde ocurrió la masacre, pero los jueces optaron por no tomarles en cuenta. Uno de los momentos más ilustrativos de esta circunstancia ocurrió cuando los jueces desoyeron el testimonio de cinco individuos —capturados azarosamente por otro crimen— quienes confesaron haber participado en la matanza y, al mismo tiempo, afirmaron que ninguno de aquellos 41 reos habían formado parte del comando armado que irrumpió en Acteal aquel día de invierno.

Este proceso judicial, plagado de anomalías, pesa alrededor de 20 toneladas de papel. A nada estuvieron las cosas para que el aparato judicial hundiera con ellas la vida de quienes continúan litigando su situación.

Al atender esta demanda de amparo y resolverla en sentido positivo para estos mexicanos, la Corte romperá el equilibrio que, aunque injusto, se había vuelto conveniente para las dos posiciones extremas: el EZLN (y sus defensores) y quienes entonces estaban en el gobierno.

Tanto o más interesante es que esta sentencia también afectará al Poder Judicial federal, que durante 11 años fue indolente frente a dicho proceso. Acteal es un caso emblemático que desnuda el muy maltrecho estado en el que se encuentra nuestro sistema de justicia, y también exhibe la debilidad en la que todos los días suceden las garantías procesales previstas por nuestra Constitución.

Este es un debate que hoy merece máxima atención de la opinión pública. A partir del expediente Acteal pueden revisarse muchos de los vicios que pesan sobre el ejercicio de los derechos de los mexicanos, y muy en particular, sobre nuestro desigual acceso a la justicia.

Hagamos votos para que sea con argumentos inteligentes y no con descalificaciones ideológicas, religiosas o discriminatorias, como se logre resolver dicho debate.

Obviamente, esta sentencia de la Corte debe obligar también a reponer la investigación seguida para el caso Acteal, de tal manera que sean los verdaderos responsables de la masacre quienes vayan a dar a la cárcel. Gracias a la revisión que hicieron los ministros hoy se tienen mejores elementos para que las víctimas obtengan justicia.

Analista político