Opinion

Las libertades en México están amenazadas. Contrario a lo que creímos cuando se decretó que en nuestro país la democracia iba a tener larga vida, hoy los mexicanos estamos cada día más cerca de experimentar una pronunciada regresión autoritaria.

No advierto esta preocupación desde la tonta idea que propone como riesgosa la obtención de la mayoría parlamentaria de tal o cual partido, o el triunfo de alguna de las fuerzas políticas en la Presidencia de la República. Eso sería prestarse a una grilla ociosa y barata.

Si temo por el autoritarismo vuelto de regreso a México, no lo hago desde el análisis de la circunstancia electoral del país, sino desde la valoración sobre lo que está sucediendo con los derechos, las libertades y también con las obligaciones ciudadanas.

El capítulo de nuestra Constitución que ahora corre mayores riesgos de convertirse en letra muerta es el primero de la Carta Magna. Varios son los argumentos para sostener esta preocupación y todos tienen que ver, coincidentemente, con la manera en que unos cuantos actores privados han logrado secuestrar y conservar para sí la propiedad del espacio público donde se juegan todos los días nuestras libertades.

Los actores más amenazantes para este efecto son sin duda los criminales organizados. Cabe, por ellos, mantenerse alerta con respecto a la campaña que el Estado mexicano ha emprendido en contra de las mafias.

Irrita desde esta perspectiva la leyenda, muchas veces repetida, que explica la tragedia de la inseguridad a partir de una teoría conspirativa según la cual el gobierno habría inventado la guerra contra el narcotráfico con el objeto de justificar la agenda autoritaria de sus actos. Mezcla de paranoia y evasión de la realidad que no conduce muy lejos a la inteligencia.

Los grupos armados que hoy gobiernan amplias regiones del país no son un mito. Medio millón de mexicanos están vinculados con el narcotráfico; 15 millones de armas ilegales circulan impunemente por nuestro territorio; alrededor de 6 mil personas son asesinadas anualmente por esta circunstancia; México es el segundo país en el mundo, después de Irak, con más periodistas muertos o desaparecidos por ejercer su oficio; ciudades como Culiacán, Torreón, Juárez o Morelia, se han convertido en sitios invivibles, porque todos los días se experimentan ahí las consecuencias de la guerra.

¿Puede existir un contexto menos propicio para el ejercicio de nuestra libertad? Cuando grupos delictivos se arman y se asocian para competir con las instituciones legítimas del Estado, desaparece con prontitud la potestad del ciudadano para ejercer sus prerrogativas constitucionales. Tal es la situación actual en México; debido a la abrumadora presencia de las mafias criminales, territorios enteros han extraviado su capacidad para asegurar los derechos.

A esta situación se añade otra tanto o más alarmante. Resulta que para enfrentar a los enemigos de las libertades, el Estado mexicano no cuenta con una policía civil eficaz, ni tampoco con un aparato de justicia que —desde el tramo acusatorio, a cargo del Ministerio Público, hasta el momento crucial de juzgar y sentenciar, obligación de los tribunales— asegure una defensa justa de las garantías constitucionales.

En efecto, la inexistencia de instituciones policiacas normadas por los valores de la democracia y el turbio desapego a la ley de nuestros procesos judiciales, contribuyen también a definir el contexto autoritario.

Para enfrentar esta desesperada situación, el Estado mexicano optó fatalmente por servirse de la última instancia que le quedaba: el Ejército. Una institución cuyo mandato, aquí y en cualquier otra parte del mundo, es imponer seguridad entre las poblaciones, sin importar demasiado los medios utilizados para lograrlo.

Cuando una democracia recurre a su Ejército para combatir a los enemigos de la ley, siempre terminan pagándose costos muy altos en materia de libertades. Lo que hoy ocurre cotidianamente en nuestro país no es la excepción. Cincuenta mil efectivos armados recorriendo las calles, avenidas, caminos y carreteras durante casi 30 meses, habría de representar, para todos, una preocupación grande.

Esta decisión pudo justificarse como una medida temporal y muy corta, mientras se fabrican las instituciones —la policía (local y federal), así como las áreas encargadas de la justicia— que se encargarían de devolvernos a la normalidad democrática.

Sin embargo, a casi tres años de haber sacado al Ejército a las calles, no pareciera todavía que tales instituciones se estén edificando con la voluntad y la decisión necesarias. Por ello es que temo, y cada día más, por una inminente regresión autoritaria.

Analista político