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Irma Eréndira Sandoval

Las lecciones de Hermosillo

Investigadora de Tiempo Completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Coordinadora del Laboratorio de Documentación y Anális ...

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    25 de julio de 2009

    El caso de los bebés muertos en Hermosillo ha demostrado que México sigue siendo un país detenido en el trípode de la impunidad, la corrupción y el tráfico de influencias. La lista de personajes involucrados en la “subrogación” de las guarderías del IMSS así lo constata. Las odas de los gobiernos de la alternancia a la transparencia y a la rendición de cuentas han sido completamente inútiles para desactivar el ominoso entramado de complicidades políticas.

    Pero el caso de la guardería ABC escandaliza no solamente por la frivolidad e irresponsabilidad política que revela, sino también porque ha puesto al desnudo las graves carencias institucionales en materia de fiscalización. Las dificultades que se han presentado para esclarecer el caso manifiestan un Estado incapaz de responder de manera efectiva a este tipo de desastres. Urge una serie de reformas legales e institucionales que eviten la repetición de situaciones similares en el futuro.

    Primero, la demora en la entrega de la información al Congreso de la Unión acusa graves carencias en materia de acceso a información pública para los legisladores. Hoy por hoy, diputados y senadores no cuentan con acceso privilegiado ni facultad especializada alguna para acceder a los documentos en poder del Ejecutivo. De forma sorprendente, la única vía para exigir la entrega de información crucial para sus más básicas tareas de control es a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

    Las comisiones legislativas no tendrían que esperar a la “integración de los expedientes” por parte de las autoridades, como ocurrió en la tragedia de Sonora, sino contar con la posibilidad de acceder de manera directa y expedita a toda la información relevante. Esto es particularmente importante en casos como éste en los que están en juego “violaciones graves de derechos fundamentales”. Recordemos que el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental ya suspende la aplicación de cualquier reserva que obstaculice la divulgación de documentos públicos relacionados con la investigación de este tipo de violaciones.

    Segundo, el hecho de que los deudos tengan que solicitar que la Suprema Corte de Justicia realice una investigación especializada también demuestra la gravedad de la crisis institucional actual. Con el fracaso del sistema de procuración de justicia, la falta de credibilidad de la CNDH y las limitadas facultades de investigación del Congreso de la Unión, parece no quedar otra alternativa más que acudir al máximo tribunal del país. Sin embargo, aunque los ministros bien podrían jugar un papel importante en este caso, por desgracia en años recientes han asumido una preocupante tendencia a avalar la impunidad, tal y como ocurrió en los asuntos de Mario Marín y San Salvador Atenco.

    Por ello, otra reforma estratégica sería ampliar de manera significativa las facultades y la competencia de las comisiones especiales de investigación del Congreso. Si bien la Constitución en su artículo 93 permite que diputados y senadores integren comisiones de este tipo, la Ley Orgánica del Congreso las limita a una existencia fugaz y estéril sin mayor robustez vinculatoria. Asimismo, la norma solamente faculta a los legisladores a establecer comisiones “para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria”. Pero en los actuales tiempos de desenfreno subcontratador, privatizador y “subrogador” con los servicios públicos, ello se vuelve un apretado corsé para las necesidades de la rendición de cuentas gubernamental. Desde luego, el Congreso también debe contar con la facultad de realizar investigaciones especializadas de las áreas centrales de la administración pública federal.

    Tercero, urge el fortalecimiento del régimen de regulación y sanción de los conflictos de interés de los servidores públicos. Si bien existen algunas disposiciones legales tanto en el Código Penal Federal como en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, habría que ampliar de manera significativa la cobertura de las prohibiciones, mejorar la investigación de las violaciones, así como endurecer las penas para los que violen la ley. Desafortunadamente, la iniciativa aprobada hace ya casi dos años por el Senado, orientada a regular las famosas “incompatibilidades parlamentarias”, todavía duerme el sueño de los justos en la Cámara de Diputados. Esta reforma se vuelve aún más relevante hoy dado los evidentes conflictos de interés que podrían afectar el desempeño de los legisladores del Partido Verde en la próxima Legislatura.

    La nueva integración de la Cámara de Diputados tendrá la responsabilidad y la oportunidad para demostrar, por medio de la aprobación de reformas como las referidas, que la clase política del país todavía es capaz de generar cambios institucionales relevantes. Ojalá que los nuevos diputados tengan la madurez y la sensibilidad política necesaria para avanzar con las lecciones que de forma dolorosa Hermosillo nos ha dejado.

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    Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM



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