Opinion

En dos meses la frase de Alejandro Martí, que dio un emblema al hartazgo social por la inseguridad en este país, cumplirá su primer año: “Si no pueden, renuncien”. Curiosamente, semanas antes del regaño, el Congreso aprobaba una de las reformas judiciales más importantes para el ciudadano: la oralidad de los juicios penales. ¿Qué hay de eso hoy? Preguntó ayer Martí al gobierno federal. Nadie le respondió.

El objetivo de la reforma era transitar de un sistema judicial cerrado, oscuro, discrecional, a modo de los poderosos, a uno transparente, público, en el que la ley sirva a las personas comunes y sea vigilada en su cumplimiento por ellas. El cambio legislativo llegaba en buen momento pues el gobierno federal emprendía ya una cruzada contra el crimen organizado.

Por eso sorprende que a un año de distancia las calles sean patrulladas por soldados, las cárceles tengan miles de criminales presuntos y confirmados, pero no tengamos un proceso penal abierto, transparente y provechoso para el ciudadano. La explicación es evidente: gobiernos y partidos políticos tienen como prioridad la seguridad pública y, después, la justicia.

El orden de los factores ha alterado el producto: la seguridad sin justicia resulta en impunidad y autoritarismo; una violación sistemática de los derechos. Por el contrario, cuando la justicia construye seguridad se restituye el estado de derecho y la coexistencia en un esquema democrático al servicio de la gente.

Ayer se le preguntó al presidente Felipe Calderón: ¿por qué tarda tanto la oralidad de los juicios penales? No respondió. Llamó, eso sí, a los ciudadanos a participar más en la política a través de los partidos políticos y no con el voto nulo. Quizá con su silencio nos advirtió que la justicia penal al servicio del ciudadano puede esperar.