Opinion

En su día, Emilio Azcárraga Milmo se definió políticamente como un soldado del PRI. Sus sucesores en la industria de la televisión han ratificado la permanencia de aquella declaración de principios, modificando acaso el grado militar utilizado en la metáfora; portan ellos más barras y estrellas en comparación con quienes les precedieron.

Es así por el consolidado poder que ahora tienen, y que ni Azcárraga Vidaurreta ni Azcárraga Milmo tuvieron para desafiar las decisiones del Estado mexicano, para deslegitimar a las instituciones, para destruir reputaciones o para volver invisibles y tergiversar aspectos cruciales de lo que ocurre en el espacio público mexicano.

Las tensiones entre el Estado y la industria de la televisión, solo por obvias razones relativas a la época, se expresan hoy alrededor del desempeño del Instituto Federal Electoral. Muy en particular a propósito de la responsabilidad que este órgano del poder público tiene, según la Constitución, para prohibir la difusión en radio o televisión de propaganda electoral que pudiera haber sido comprada por particulares o partidos políticos.

Con tal de hacer desaparecer esta disposición legal, incluida en la Carta Magna en 2007, esta industria se ha mostrado dispuesta a actuar sin ninguna contención. Poco importa si en su intento se debilitan las instituciones electorales, se ahonda la desconfianza sobre los órganos de la incipiente democracia mexicana o se profundizan las contradicciones entre los ciudadanos y quienes les gobiernan.

Lo fundamental es devolver las cosas al estado en el que se encontraban antes de la reforma. Les preocupa, en efecto, recuperar el negocio que implicaban las campañas para la tesorería de sus empresas. Por encima de lo económico se encuentra, sin embargo, el obvio y mucho más relevante interés político.

Antes, la compra de publicidad a cargo de partidos o candidatos servía para ocultar inconvenientes intercambios entre los políticos y los capitanes de esta industria. Baste como ejemplo la aprobación en el Congreso de la ominosa “ley Televisa” que en su día evidenció quién portaba las barras y quién las estrellas en los nuevos tiempos de la democracia mexicana.

La revancha de la clase política frente a aquella deshonrosa genuflexión fue la decisión legislativa que excluiría a este sector de las ganancias económicas derramadas por las campañas electorales. Sólo desde esta perspectiva puede comprenderse la reforma del 2007.

Es lamentable que la industria de la televisión, a pesar de la responsabilidad que tiene para con la construcción y consolidación de la pluralidad política en México, no se haya decidido a apostar sinceramente por este nuevo tramo civilizatorio de la historia mexicana.

Lejos de ello, en estos tiempos la televisión aparece como militante de un solo partido y sus aliados: parcial en su desempeño y francamente ambigua a la hora de defender las condiciones indispensables de nuestra incipiente democracia.

Sirva como ejemplo de esta actitud el último episodio de la saga de tensiones entre el IFE y las televisoras. La revista TV y Novelas, publicación de la empresa Televisa, concedió para su último número sendas entrevistas a los actores Raúl Araiza y Maite Perroni, donde estos jóvenes y celebrados actores se explayaron a propósito de su fascinación con la pena de muerte y con el partido que la promueve: el PVEM.

Luego, so pretexto de publicitar el material incluido en esta revista, la empresa decidió anunciar en horarios estelares de televisión ambas entrevistas. Se trató de una burla explícita a la prohibición impuesta por la ley que, además, afectó la equidad de la contienda porque le otorga al PVEM una exposición mediática que ninguno de sus competidores tiene.

En consecuencia, el jueves pasado la Comisión de Quejas del IFE ordenó la inmediata interrupción de esta propaganda electoral. La respuesta de la empresa es digna de comentarse: respondió que no podían hacer ninguna modificación a la propaganda contratada por TV y Novelas hasta el día 22 de junio; es decir, tres días después. En efecto, los abogados de la empresa tuvieron el cinismo de anunciarle al IFE que transmitirían, durante el pasado fin de semana, alrededor de 70 spots más, sin importar lo que tuviera que ordenar o decir la autoridad.

Estamos observando apenas los inicios de una guerra entre el Estado y la industria de la televisión de cuyas proporciones todavía no nos enteramos cabalmente. Una disputa por el poder político que se anuncia por sus primeros síntomas: el franco apoyo que tanto el PRI como el PVEM están recibiendo por parte de esta industria, la presumida y pavoneada alianza entre el gobernador Enrique Peña Nieto y Televisa, y la más reciente sociedad entre esa misma empresa y la líder del magisterio, Elba Esther Gordillo Morales.

¡Hay de qué preocuparse!

Analista político