Opinion

El tabaco es la droga que más vidas cobra y que más cuesta en dinero en México y en el mundo, y el tabaquismo es la epidemia más devastadora en este país. La Secretaría de Salud estima 60 mil muertes al año causadas por el tabaco; 165 muertes todos los días. Pagamos en servicios de salud requeridos por el tabaquismo alrededor de 30 mil millones de pesos anuales.

En febrero de 2008 el Congreso aprobó la Ley General para el Control del Tabaco, que en su artículo segundo transitorio ordena al Presidente publicar el reglamento en un plazo no mayor a seis meses después de su entrada en vigor. Al escribir estas líneas, un día antes del Día Mundial sin Tabaco, el presidente Calderón no ha publicado el reglamento y en consecuencia viola la Ley General para el Control del Tabaco. Excusándose en la omisión de su jefe, sus subalternos sostienen que no pueden aplicar la ley sin reglamento.

Suponiendo que mañana el Presidente publique el tan esperado reglamento, el resultado será que durante un año las tabacaleras se habrán publicitado impunemente en revistas accesibles a jóvenes y niños; habrán anunciado sus productos abiertamente en la vía pública so pretexto de promover conciertos; habrán patrocinado conciertos en descarado y exitoso desafío a la prohibición que al respecto les impone la ley. Este ha sido un año en el que los restaurantes y bares del país han continuado saturados de humo; un año en que la ley no es más que papel; un año durante el cual habrían muerto 60 mil mexicanos más a causa del tabaquismo; un año en el que cientos o miles de jóvenes mexicanos se engancharon en el tabaquismo a raíz de la negligencia presidencial.

¿Qué ha hecho el Presidente? Primero se tardó tres meses en publicar la ley; tres meses totalmente innecesarios: una concesión gratuita a las tabacaleras. Cuando publicó la ley parece que olvidó el reglamento. ¿Qué ha pasado? Un sentir generalizado en movimiento por el control del tabaco identifica al obstáculo principal en el director de Asuntos Jurídicos de la secretaría, Bernardo Fernández del Castillo (el mismo que ha sido vinculado al cardenal Norberto Rivera y al controvertido líder de ProVida, Jorge Serrano Limón), y su equipo de abogados: estos abogados han buscado tenazmente ablandar el reglamento y logrado entorpecer su emisión; una y otra vez invocan la libertad de comercio en defensa de las tabacaleras e interpretan la ley lo más estrechamente posible; argumentan que la ley no otorga poder suficiente al Ejecutivo y amenazan con el petate del muerto: caerá una “lluvia de amparos”.

Nunca los he escuchado invocar el derecho a la salud y nunca he visto autoridad tan temerosa del amparo y de los entes que está obligada a regular. No sé si el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud trabaje o no para la industria tabacalera, pero hace exactamente lo que esperaríamos de los abogados de las tabacaleras: minimizar el daño que a sus intereses económicos representa la regulación. El viernes pasado el diputado local Xiuh Tenorio exigió que el secretario aclarara públicamente si su director jurídico trabaja o alguna vez ha trabajado para, o prestado servicios a, algún miembro de la industria tabacalera. Me sumo a la petición del diputado Tenorio.

Lo más preocupante es que todo indica que las tabacaleras se verán beneficiadas una vez que el Presidente publique el reglamento: se prepara una versión light que permitiría servir comida y bebida en las zonas de fumadores. Si así lo decide el Presidente, estará violando nuevamente el texto expreso de la ley, que con toda claridad señala que estas zonas deben ser “exclusivamente para fumar”. Todo indica que la posición timorata frente a las tabacaleras encarnada en los abogados de Fernández del Castillo prevalecerá sobre la posición comprometida con la salud pública sostenida por los médicos y epidemiólogos capitaneados por el subsecretario Mauricio Hernández y respaldados por el secretario Córdova Villalobos. Veremos si las políticas de salud del presidente Calderón las deciden los médicos y epidemiólogos del secretario o los abogados del director de Asuntos Jurídicos.

Felipe Calderón ha construido su presidencia llamando a luchar en la “guerra contra las drogas”. En nombre de su guerra nos ha pedido —y nos pide— a los mexicanos que aceptemos la merma constante y sistemática de nuestras garantías constitucionales, y una confianza ciega que le permita dotar de más y más discrecionalidad a los cuerpos represivos del Estado. Si al presidente Calderón realmente le importara la salud de los mexicanos, si realmente quisiera enfrentar el problema de salud pública que representan las drogas, habría ya tomado medidas efectivas contra la más dañina de todas las drogas que hoy consumimos los mexicanos: el tabaco.

Si le importara la salud, no se conduciría con la negligencia con la que hoy favorece los intereses de los grandes empresarios tabacaleros, entre ellos a Carlos Slim. Pareciera que Felipe Calderón no sabe regular: prohíbe y reprime (drogas ilícitas) o deja en absoluta libertad a los mercaderes de drogas (tabaco). Ni una ni otra política funciona: el consumo de drogas hay que regularlo y regularlo fuertemente.

En lo que se refiere al tabaco, el Presidente ha sido, durante un año, negligente. Si al publicar el reglamento el Presidente privilegia la afinidad ideológica que pueda sentir por Fernández del Castillo por encima de la capacidad profesional del secretario Córdova Villalobos y su equipo de médicos y epidemiólogos, sabremos que no tiene la intención de corregir el camino.

alejandro@madrazolajous.com

Asesor jurídico de la Fundación Interamericana del Corazón México