Opinion

Ayer la policía federal detuvo a 10 alcaldes de Michoacán, al coordinador de asesores del procurador estatal, al director del Instituto Estatal de Información Policial, a la ex procuradora del estado —actual asesora del gobernador Leonel Godoy— y a varios mandos policiacos municipales. En sí misma, una acción sin precedentes en contra del narcotráfico. Valoremos los próximos días, según actúen la PGR y el Poder Judicial, si este golpe fue más que un vistoso operativo.

Hasta ahora las acciones contra los funcionarios vinculados al crimen organizado se habían limitado a aprehensiones esporádicas producto de filtraciones desde agencias de inteligencia militares o extranjeras. Casos como el del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, eran raros y nunca fueron acompañados con el desmantelamiento del aparato político alrededor del cual los implicados operaban. Esta vez parece que es diferente.

Si las acusaciones contra un total de 28 autoridades estatales y municipales del PRI, del PAN y del PRD se confirman, tendremos una prueba incontrovertible de que los cárteles han penetrado enteras a las élites políticas locales del país, no únicamente a algunos funcionarios de uno u otro partido.

Hay varias entidades completas en México que están en manos de las organizaciones criminales, y no del Estado.

Para que este operativo culmine en un parteaguas, falta que la Procuraduría General de la República (PGR) elabore averiguaciones previas infalibles para demostrar el sustento legal de la acción y se despejen sospechas políticas por el contexto electoral en que las detenciones se dieron.

Una vez cumplido lo anterior, el Poder Judicial tendrá la oportunidad de sumarse sin ambigüedades a la lucha contra el crimen. No pocos casos como éste, con olor a pólvora, han minado la credibilidad de los jueces.

Por último, el Ejecutivo federal tendrá que decidir si extiende esta limpieza necesaria a otros estados —igual o peor de coludidos con el crimen organizado— o si prefiere la tranquilidad política.