Opinion

El 11 de noviembre del año pasado, mantas y correos electrónicos advirtieron a los chihuahuenses: “Asesinaremos a todos aquellos que salgan de sus casas después de las seis de la tarde”. Esa noche fueron incendiados con bombas molotov cuatro restaurantes y dos policías aparecieron ejecutados. Aunque las autoridades pidieron a la gente ignorar el llamado de los sicarios, la ciudad entera obedeció el toque de queda.

Ciudad Juárez, Tijuana, Reynosa, Nuevo Laredo y otras ciudades han padecido escenas similares. Cuando la situación regresa a la “normalidad” eso sólo significa volver a compartir espacio con los narcos en los restaurantes, en los bares, en las plazas, en las calles. Todos saben en dónde viven y a qué escuelas acuden sus hijos, pero nadie se atreve a hacer algo.

Tantos años de convivencia con criminales y cómplices hace que aumente la tolerancia de la población hacia ellos. Los propios sicarios y traficantes quieren que las cosas continúen así; por eso “invierten” en celebraciones masivas, obras de caridad, construcciones para la comunidad en donde radican y corridos que buscan hacer leyendas a partir de sus sanguinarias “hazañas”.

Ahora nos enteramos de que la empresa Lala contrató al hermano de Sergio Villarreal Barragán, El Grande, capo del cártel de los Beltrán Leyva, para dar sonido a un acto al que asistió nada más y nada menos que el presidente Felipe Calderón. Si bien el empresario no es culpable de tener un pariente narco, su presencia junto al jefe del Estado y la presunción de un nexo vigente con su hermano deberían haber sido suficiente motivo para que la empresa y el Estado Mayor Presidencial (EMP) tomaran más precauciones.

Es posible que ni empresa ni EMP supieran de los vínculos familiares de la persona a quien colocaron cerca del Presidente. Eso sería grave. Pero sería peor si, aun sabiéndolo, desestimaran el hecho sólo por la costumbre de que en México cualquiera puede conocer a un delincuente.