Opinion

Acaba de aparecer en algunos medios otra más de las violaciones que TV Azteca hace al régimen legal de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México —es muy probable que pueda obtener el primer lugar en la única competencia real que tiene con Televisa: desafiar a la autoridad y a la legislación electorales.

La empresa de Ricardo Salinas Pliego comercializa ilegalmente canales adicionales de tv restringida, aprovechando el canal espejo que el Ejecutivo federal asignó, desde el 2 de julio de 2004, a los concesionarios y permisionarios de televisión para llevar acabo la transición de las señales del sistema analógico al digital.

Sin embargo, el acuerdo otorgó un canal adicional por cada frecuencia analógica concesionada para ir haciendo las pruebas necesarias de la mutación al nuevo sistema.

En el canal espejo sólo podían retransmitirse íntegra y simultáneamente los contenidos del canal analógico, y una vez consolidada la transición prevista para 2021 se devolvería el canal adicional. Esta transición digital en México tendría como exclusivo propósito transmitir tv de alta definición.

La medida tuvo el propósito de acaparar el espectro en las mismas manos por largo tiempo, y no multiplicarlo mediante nuevas licitaciones mediante los llamados multiplex (caso español).

El acuerdo no determinó que los concesionarios pudieran dar otros canales adicionales de tv restringida utilizando el mismo espectro asignado para tv abierta. Eso lo buscaron dos años después, cuando pretendieron, mediante la llamada ley Televisa, agandallarse a perpetuidad el espectro radioeléctrico del país a través del refrendo automático, no devolver ninguna de las dos frecuencias y dar servicios adicionales de telecomunicaciones, sin que les fueran aplicables los requisitos legales para una nueva concesión.

En el texto de ese acuerdo, que se trasladó en los mismos términos a los títulos de concesión, la prestación de servicios de telecomunicaciones en el canal adicional está condicionada.

Con la ley Televisa se buscó eliminar la necesidad de una nueva concesión, incluso el permiso de la autoridad, pues mediante una simple solicitud se hacían de un nuevo título como operadores de Redes Públicas de Telecomunicaciones.

Ese desafío al estado de derecho, que contó con la anuencia del Congreso federal y la promulgación del presidente de la República, fue revertido por la SCJN, que invalidó parcialmente varias de las porciones normativas de aquella reforma y, de manera absoluta, los artículos 28 y 28 a de la Ley Federal de Radio y Televisión que contenían los supuestos en los que incurre hoy TV Azteca.

Esa apuesta permanente de poder tiene en la inacción de los órganos del Estado su principal aliciente. Si el gobierno federal burla los efectos contenidos en la sentencia de la SCJN, y el Congreso la desdeña y se olvida por más de dos años de rellenar las normas invalidadas, ¿por qué habría de respetarla un particular que en la trampa a la ley ha logrado engullirse desde el Canal 40, pasando por el indebido cobro de 550 millones de pesos a la SCT en el caso UNEFON, hasta utilizar el canal espejo durante todo el año pasado para transmitir contenidos diferentes a su señal abierta? Esto último no mereció la más mínima sanción por parte de la Secretaría de Gobernación.

¿Que se brincaron las trancas de nuevo? Lo hacen hoy como lo hicieron hace tres años, aprovechando la coyuntura electoral; lanzándose primero una de las televisoras para que, si pega, se sume la otra. Tienen el mismo beneplácito de los mismos actores de hace tres años, de los que promovieron la ley Televisa y de los que la desatoraron en el Senado. Y todos saben que se trata de un abuso y un atraco. Pero el estado de derecho que se impulsa tiene sus límites y en materia de radiodifusión se llaman Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas.

Profesor de la FCPyS de la UNAM