aviso-oportuno.com.mx

Suscríbase por internet o llame al 5237-0800




Jorge Luis Sierra

El Ejército en las calles: los riesgos de seguir militarizando la lucha antinarco

...





ARTÍCULOS ANTERIORES


    21 de abril de 2009

    Son particularmente importantes las palabras del secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubido García, al asegurar que el Ejército mexicano seguirá en las calles, involucrado en el combate contra el narcotráfico, hasta 2013.

    La afirmación de Rubido implica el reconocimiento gubernamental de que la amenaza del narcotráfico a la seguridad del país es de tal dimensión que aún se requieren cuatro años más de uso intensivo de las Fuerzas Armadas. También significa que en lo que resta del sexenio seguiremos sin una policía federal confiable y eficiente que pueda reemplazar a los militares y encabezar la lucha contra la delincuencia organizada.

    La franqueza de Rubido García está alejada de otros argumentos que interpretan a la violencia del narcotráfico como el resultado del éxito en las operaciones del gobierno federal. Los mismos cárteles de la droga demostraron la magnitud de su fuerza al montar una contraofensiva atroz con la decapitación de efectivos de inteligencia militar y la ejecución de generales.

    En el medio castrense, los generales admiten que los diferentes cárteles del narcotráfico intentan reorganizar sus fuerzas en una nueva alianza que incluya a jueces, a jefes policiales y a una parte del Ejército mexicano para enfrentar así al gobierno y mantener intacta su industria ilícita.

    Hasta ahora, los generales y almirantes han logrado mantenerse a salvo del poder corruptor del narcotráfico e impedir la penetración de los narcos en los estados mayores de las zonas y regiones militares. Desde la detención de los generales Alfredo Navarro Lara y Jesús Gutiérrez Rebollo en 1997, ningún otro mando militar ha sido acusado públicamente de colaborar con narcotraficantes.

    Sin embargo, el Ejército enfrenta aún con dificultades la deserción masiva de las tropas y el paso de éstas al servicio de la delincuencia organizada.

    Además de esa reorganización criminal, lo que preocupa a los generales es que el Ejército se encuentra en las calles sin el debido sustento legal. Ya no basta la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permite la intervención del personal militar con el argumento de que coadyuvan con el Ministerio Público. Los mandos militares prefieren sustituir al agente del Ministerio Público o mantenerlo controlado durante las operaciones, en parte porque carecen de confianza para compartir información operacional con ellos.

    Para las Fuerzas Armadas, el uso intensivo de la fuerza castrense ha tenido otras consecuencias: las operaciones y sistemas de inteligencia del Ejército están dejando de ser rurales y cada día cobran más un carácter urbano. Las operaciones principales ocurren en zonas densamente pobladas donde la presencia militar cobra una gran visibilidad.

    En este nuevo contexto, el Ejército ha multiplicado sus oportunidades de roce con la población y, por tanto, las posibilidades de que ocurran casos de abuso o exceso de la fuerza militar. La lista de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha crecido proporcionalmente a la movilización antinarcóticos del Ejército. Con la excepción de la Policía Militar y algunos grupos de fuerzas especiales, las tropas no suelen estar entrenadas para cumplir con operaciones urbanas que exigen un uso limitado de la fuerza.

    En realidad, el Ejército sólo puede imponer formas más básicas y rígidas del orden en aquellas ciudades donde la violencia ha desbordado la capacidad de control de las autoridades civiles. Este mantenimiento del orden es temporal y no puede extenderse más allá de un plazo razonable sin incurrir en el riesgo de militarizar el funcionamiento de las ciudades y consumir los recursos que pueden ser aprovechados para formar a policías eficientes y confiables que reemplacen a la institución militar.

    Cuando el Ejército mexicano llega a una ciudad donde la policía ha sido diezmada por la violencia y la corrupción, como sucedió en el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, los militares se ven obligados a reemplazar a las autoridades civiles y cumplir con funciones de seguridad pública mientras llegan contingentes policiales capaces de controlar la situación.

    Pero los policías capaces son aún un mínimo del total de fuerza policial del país. En estas condiciones, el abuso o exceso de fuerza cometido por elementos de las Fuerzas Armadas puede afectar la misión entera y reducir el apoyo popular.

    Lo que nos ha dicho Rubido García es que tendremos cuatro años más de presencia militar en las calles. La pregunta ahora es qué tanto podrá avanzar el presidente Felipe Calderón en materia de profesionalización policial, en la investigación de los casos de violación a los derechos humanos y en la disminución real de la incorporación de militares desertores a las filas del crimen organizado. Cuatro años más de militarización, sin un progreso significativo en estas áreas, pueden representar un riesgo muy elevado para el país.

    [email protected]

    Especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas



    ARTÍCULO ANTERIOR
    Editorial EL UNIVERSAL Un Hoy No Circula más justo


    PUBLICIDAD.