Opinion

Hoy los diputados revisarán la cuenta pública del gobierno de Vicente Fox correspondiente a los años 2004 y 2005. Para ponernos sobrios, olvidemos que el ex mandatario y los legisladores se entretienen con acusaciones mutuas de desequilibrio mental. Lo serio proviene de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que documentó la pérdida o gasto ineficiente de decenas de miles de millones de pesos. Hay razones para temer —como cada año— que nadie será responsable por esta larga cadena de hechos.

A diferencia de otros parlamentos —donde las comisiones legislativas pueden acudir ante el juez—, aquí los legisladores tienen que solicitar una averiguación previa al Ministerio Público que, a nivel estatal y federal, depende del Poder Ejecutivo; o proceder ante la Secretaría de la Función Pública, la cual también depende del presidente.

En el caso de los hijos de Marta Sahagún, por ejemplo, con todo y las pruebas acumuladas por parte de la comisión legislativa que investigó el presunto tráfico de influencias, la PGR decidió —contraviniendo la investigación parlamentaria— que no existían elementos para solicitar acción penal. Casualmente ocurrió justo un día antes de la toma de posesión de Felipe Calderón. ¿El ex presidente Fox habría permitido a la PGR actuar contra los hijos de su esposa?

En México, las investigaciones de los legisladores y de órganos como la ASF dependen de que el Ejecutivo quiera llevar ante un juez los reclamos por corrupción dirigidos hacia los funcionarios públicos, lo que juega a favor de la impunidad. Y también de la minusvalía parlamentaria a la hora de controlar los actos de la administración.

Si realmente los legisladores quieren hacer algo más que condenas morales, deberían empezar por darle “dientes” a la ASF y separar a los ministerios públicos del control del Presidente y los gobernadores. Sólo así quedarían los actores políticos más poderosos a merced de la justicia ciega.