Opinion

No es novedoso que diputados y senadores del Partido Demócrata busquen impedir la operación de empresas de autotransporte de carga mexicanas en Estados Unidos. Lo han hecho, bajo presión de los Teamsters, desde la entrada en vigor de la apertura al transporte transfronterizo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en diciembre de 1995.

Lo novedoso es que ahora lo hacen como partido en el gobierno —al controlar tanto el Ejecutivo como el Legislativo— y debieran actuar con una mucha mayor responsabilidad al ya no sólo ser partido de oposición. Una cosa es oponerse irreflexivamente a la Casa Blanca en manos republicanas, pero otra proponer que Estados Unidos viole sus compromisos internacionales, reniegue sus propias leyes y programas de trabajo, tome medidas equivalentes a expropiación y haga todo esto sin el debido proceso legal y sin debate en el Congreso.

El 25 de febrero, la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa HR 1105, que incluye la enmienda del senador Dorgan de Dakota del Norte para prohibir el uso de recursos presupuestarios del Programa Demostrativo para los Servicios de Transporte de Carga Transfronterizos con México.

Esta misma semana, el Senado de EU votará la misma iniciativa. Dos características distinguen este voto: una, recurrir a la cancelación de los fondos es evidencia clara de que los opositores a la apertura carecen de argumentos sustantivos. Por eso optan por cortar los fondos, más que impedir su operación en Estados Unidos. Dos, el liderazgo del partido demócrata en la Cámara envió la iniciativa al pleno bajo una “regla cerrada” que impide el debate sobre los méritos. Los congresistas votaron sin conocer si el programa demostrativo ha funcionado correctamente ni si las operaciones de camiones mexicanos en Estados Unidos son seguras.

Durante años, la oposición a la presencia de camiones mexicanos —de origen proteccionista ya que a los Teamsters no les gusta la competencia— se basaba en el argumento de la seguridad: que los camiones mexicanos tendrían más accidentes, que no contarían con seguros, que no pasarían las inspecciones físico-mecánicas, que los conductores no tendrían el nivel de inglés suficiente para operar en Estados Unidos.

El programa demostrativo, con más de un año de operación, se ha convertido en un instrumento que derrumba los argumentos de quienes se oponen a la apertura. Para sorpresa de los detractores, las más de 50 mil operaciones transfronterizas no han ocasionado accidente alguno, los conductores mexicanos no pasan las inspecciones y pruebas sólo 0.5% de las veces, pero los operadores estadounidenses 7.2%, los camiones de empresas mexicanas no obtienen inspecciones sin fallas 8.7% de las veces, pero los de Estados Unidos 22.6% y el 100% de los camiones mexicanos cuenta con seguro.

Estas cifras explican contundentemente la oposición al programa demostrativo. Es claro que si se sigue acumulando un récord de funcionamiento sin accidentes y con buenas inspecciones, nadie podrá oponerse a la operación de camiones mexicanos en Estados Unidos más allá del programa piloto.

El senador Dorgan y sus colegas en la Cámara de Representantes y en el Senado en realidad no quieren entrar en un debate que no pueden ganar y que prefieren cortar por lo sano. El problema que enfrentan es que la Casa Blanca está en manos de un presidente demócrata empecinado en respetar la ley, los derechos de los demás y en reconstruir la reputación de Estados Unidos en el mundo.

Barack Obama no debe permitir que sus propios congresistas demócratas lo arrinconen y lo pongan en una situación imposible: la aprobación de la enmienda de Dorgan viola los compromisos internacionales de Estados Unidos, echa atrás un programa puesto en marcha por el gobierno y es equivalente a una expropiación de las inversiones realizadas por las empresas participantes, no está basada en la evidencia disponible, evita pronunciarse sobre los méritos del caso y es discriminatoria al sólo aplicarse a conductores y empresas mexicanas.

Cerrar la frontera a camiones mexicanos resta además credibilidad a EU que, en el contexto de G-20, acaba de comprometerse a no tomar medidas en contra de la apertura comercial y contrarias a los compromisos internacionales adquiridos.

¿Estará consciente el presidente Obama que la iniciativa de Dorgan es discriminatoria? ¿Se dará cuenta que apoyar la iniciativa es equivalente a volver al unilateralismo que tanto condenó durante su campaña? ¿Qué hará el gobierno mexicano si la iniciativa es aprobada y Obama no la veta?

No cabe hoy duda de que el gobierno de México se equivocó en 1995 al optar por no establecer un pánel de solución de controversias cuando Estados Unidos violó el TLCAN y que se volvió a equivocar en 2001 cuando, con la resolución arbitral a favor, escogió no tomar represalias. En las condiciones actuales, se antoja difícil que México deje pasar otra violación injustificada al TLCAN y que no tome represalias.

Sin embargo, el óptimo es que el nuevo gobierno demócrata entienda la envergadura del reto que enfrenta y deje continuar el programa demostrativo para poder verificar en los hechos, y no en la política, la auténtica seguridad de camiones y conductores mexicanos. De otra manera, la única política responsable de México es tomar represalias para contar con los argumentos políticos que reviertan la medida violatoria de nuestros derechos.

El autor es socio de De la Calle, Madrazo, Mancera SC