Opinion

Una mujer que sufrió la atrocidad física y también del alma que significa una violación, acude a un hospital público con el objeto de obtener consejo y, eventualmente, terminar con un embarazo no deseado.

Topa con un doctor cuya opinión es que su hijo debe nacer. Argumenta que, en todo caso, no puede ayudarle porque tal cosa atentaría contra sus propias convicciones.

Con beata actitud afirma que él sí cree en la vida. Guarda luego un silencio que parece eterno. Finalmente lo interrumpe deslizando una solución la cual, según su dicho, podría convenir a esta mujer: conoce una clínica privada donde le ayudarán con lo que está buscando.

Confundida y también desesperada, ella termina por acudir al lugar recomendado por el médico que antes eludió su responsabilidad como funcionario público, implicando su derecho a la objeción de conciencia.

¿Cuánta habrá sido la sorpresa de la mujer cuando descubrió que el dueño de la clínica sugerida era el mismo hombre que antes la atendiera en el hospital público?

Esta historia no es inventada. Según la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, son ya muchas las quejas que en la capital del país se han recibido a propósito de casos como el antes descrito: médicos que durante la mañana se niegan a practicar un aborto legal, haciendo abuso de su derecho a la objeción de conciencia y, por la de noche —mediante pago en efectivo por sus servicios—, entierran su ética personal 10 metros bajo tierra.

Mientras lo anterior ocurre, grupos sociales muy conservadores acuden a diversas oficinas públicas ocupadas por importantes líderes del panismo nacional. A ellos reclaman que el gobierno de la República continúe apoyando políticas abortistas, así como las que promueven la homosexualidad.

Aseguran que son votantes duros de Acción Nacional y que no quieren perder la confianza en su partido por estas actitudes equívocas del gobierno. Saben que el argumento electoral es capaz de conmover hasta a la más artrítica de las conciencias.

Las presiones de estos personajes tienen consecuencia. De espaldas a la sociedad, la autoridad modifica la Norma Oficial Número 46, que hasta hace muy poco volvía obligatorio para los servicios federales de salud ofrecer a las mujeres, víctimas de violación, la opción de tomar la pastilla anticonceptiva de emergencia, o el procedimiento clínico para practicarse un aborto.

Advierten organizaciones feministas que tal modificación a la norma oficial no pudo ocurrir sin la autorización del secretario de Salud, José Córdova Villalobos, y del respectivo visto bueno del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Al hilo de estos hechos, la semana pasada se presentó en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del secretario del ramo, con el objeto de que explique y explicite las razones de su actuación.

Como prueba irrefutable de la complicidad de su partido en la maniobra, 146 representantes del PAN votaron en contra de tal moción. Para ellos no era importante conocer los argumentos del funcionario. Muy bien saben ya, de qué va la cosa. Al final, los legisladores panistas perdieron en el Pleno y terminó citándose a Córdova Villalobos para que acuda a San Lázaro el día de mañana.

¿Cómo responderá el secretario a los cuestionamientos de los diputados de la oposición? Quizá se vea tentado, como el médico aquél, a defender su propio derecho a la objeción de conciencia: ¿por qué habría de cargar con la culpa que le genera la práctica del aborto en los hospitales públicos a su cargo?

Sólo de una cosa podemos estar seguros. El secretario no hablará ahí de su principal preocupación: el comportamiento de los votantes más conservadores del PAN durante la próxima elección si el aborto sigue promoviéndose en las clínicas del Estado.

Analista político