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Manuel Bartlett Díaz

Plutocracia

Manuel Bartlett Díaz nació el 23 de febrero de 1936, en la Ciudad de Puebla.

Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Naciona ...

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    12 de febrero de 2009

    La reforma constitucional que prohíbe la compra de propaganda en los medios electrónicos y asegura el acceso gratuito a todos los partidos en tiempos del Estado significó un avance fundamental para la equidad electoral y el derecho a la información; persigue conjurar el dominio del dinero y la dictadura televisiva, o sea, el dominio inapelable de la plutocracia. No es invención mexicana; está en la legislación de la mayoría de los países democráticos.

    Dos escándalos forzaron a la reforma. Primero, la ausencia de control de las precampañas y la compra ilimitada de propaganda en los medios permitieron a los “amigos de Fox” imponer su candidatura. Durante seis años se intentó la reforma que evitara lo anterior, pero se topó con la colusión de intereses en el Congreso que no sólo la impidieron sino reviraron con la ley Televisa.

    El segundo escándalo se dio en la elección de Felipe Calderón; el Tribunal Electoral reprobó la manipulación del electorado por las televisoras, sus “campañas negras” y la compra ilegal, aun impune, de spots por organismos empresariales.

    Resultó rabiosa la oposición de empresarios y televisoras a la reforma constitucional. Los primeros promoviendo campañas descalificadoras y amparos para defender su particular concepción de libertad de expresión contraria a la equidad electoral. Las televisoras, por su parte, mantienen la presión no sólo por las ganancias perdidas por la gratuidad decretada, sino por el poder que significa la utilización de una concesión destinada al servicio público para imponer sus intereses.

    Unos y otros apoyan su labor de zapa en sus aliados; en el Congreso, los mismos que les sirvieron aprobando la ley Televisa, y en el gobierno, que igual al anterior sostiene una falsa popularidad basada en la realidad ficticia que fabrica la televisión.

    La agresión al público y a las autoridades con la confabulación de Televisa y TV Azteca para interrumpir eventos deportivos de la más alta audiencia, concentrando los mensajes ordenados por el IFE para enardecer al público y presentar la trascendente reforma como absurda, no expresa sólo la insolencia de dos personajes —Azcárraga y Salinas— o supuesta valentía, sino su confianza en la protección por su connivencia con el poder. Connivencias que desarmaron la Ley Electoral estableciendo sanciones intrascendentes, eliminando la cancelación de la concesión que había sido propuesta como medida última indispensable.

    Recordemos las declaraciones timoratas ante el reclamo general de los legisladores que aprobaron la reforma constitucional ridiculizada ante el público. El coordinador del PRI en el Senado, que ya había anunciado impúdicamente una segunda ley Televisa, en lugar de reprobar el desacato arguyó que toda ley es perfectible, insinuando posible rectificación. El IFE ya inició el procedimiento sancionador, pero le repitieron la violación al siguiente domingo, no interrumpieron partidos pero no pasaron los mensajes. La contumacia es evidente. El IFE surgido de los partidos tiene que trascenderlos. Gobernación se disfraza de “amigable componedor” cuando es autoridad en radiodifusión, responsabilidad que hace tiempo incumple en detrimento del auditorio. De no someter a las televisoras a la ley no habrá democracia, otra vez.

    [email protected]

    Ex secretario de Estado



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