Opinion

En gran parte del territorio nacional las autoridades fiscales están siendo desplazadas por recaudadores privados de impuestos que son mucho más eficaces a la hora de ejercer su muy peculiar oficio.

Son cada día más los mexicanos que, a la lista de contribuciones tales como el IVA, el ISR, el IETU o el Predial, han debido sumar el pago del narco-impuesto.

En los hechos, las autoridades adscritas a la Hacienda Pública han extraviado su monopolio legal porque hoy las redes del crimen organizado compiten exitosamente por la atribución impositiva.

Denuncias a propósito de esta grave circunstancia aparecen crecientemente en las páginas de los diarios locales, sin que las autoridades federales —responsables de conjurarla—, se hayan servido tomar nota seria sobre el asunto.

El pasado 19 de enero, nuestra colaboradora Lydia Cacho denunció en estas páginas la manera en que los nuevos recaudadores actúan en Playa del Carmen, Quintana Roo. A los propietarios de comercios establecidos en la 5ª Avenida de esa localidad les piden alrededor de 30 mil pesos mensuales a cambio de evitarles molestias por parte de los sicarios. Ahora que, si se trata de hoteles de cinco estrellas, el narco-impuesto alcanza la estratosférica suma de 50 mil dólares mensuales.

En Tampico, Tamaulipas, los concesionarios de automóviles están obligados a donar hasta dos camionetas de lujo al mes a cambio de idénticos beneficios. En Veracruz esta plaga golpea también. Alberto J. Olvera denunció el pasado 9 de enero, en esta sección, la mecánica recaudatoria de las mafias en su entidad.

Si los comerciantes o los restauranteros, los ganaderos o los dueños de pequeñas propiedades rurales, entre tantos otros, no acceden a cubrir las cuotas requeridas, los narco-cobradores recurren al secuestro, al cierre temporal de los establecimientos o de plano, al asesinato. Afirma Olvera que esto último fue lo que les ocurrió a dos líderes del comercio ambulante en las ciudades de Xalapa y Minatitlán, durante el mes de septiembre del año pasado.

Tales historias aquí recogidas se expresan y multiplican en Morelia, Zacatecas, Ciudad Juárez, Tijuana y así, en cada una de las poblaciones donde el Estado mexicano no gobierna más. Lugares en los cuales la autoridad legal ha sido sustituida por otra, cuya eficacia para proveer seguridad a cambio de contribuciones particulares ha dejado de ser excepcional.

Mientras tanto, las impertérritas autoridades policíacas permanecen cruzadas de brazos, o de plano han terminado aliadas con sus nuevos y muy poderosos patrones. Lydia Cacho recoge el testimonio de una comerciante de Playa del Carmen quien, al acudir ante el jefe municipal de la policía para denunciar el acto de extorsión al que estaba siendo sometida, obtuvo la siguiente respuesta: “Son los Zetas, no se puede hacer nada, denles lo que puedan.”

Si el Estado no sirve para cobrar impuestos y tampoco para ofrecer, en intercambio, seguridad en las propiedades y la vida de sus ciudadanos, ¿entonces, para qué sirve? Hoy compite el poder público con otras formas de autoridad que evidentemente le están ganando la batalla.

Primero perdimos en México a las autoridades policíacas. Durante la última década, en todos los ámbitos —municipal, estatal y federal—, la fuerza civil del orden público se ha desmoronado. Estos cuerpos encargados de brindar seguridad han sido infiltrados, comprometidos y finalmente desmantelados.

Fue por esta razón que el gobierno federal decidió involucrar al Ejercito en la tarea de perseguir a los delincuentes organizados. Una solución riesgosa que sólo ayuda a salir momentáneamente al paso del terrorífico estado de inseguridad que padecemos los mexicanos.

El fenómeno del narco-impuesto añade ahora otra preocupación. También la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está siendo suplantada, y con ella, el resto de las autoridades fiscales del país.

Analista político