Opinion

El Estado-nación es la institución preponderante en la conducción de los destinos de un pueblo. Rousseau definió, en El contrato social, que el Estado tiene responsabilidades soberanas para aplicar la ley y ejercer el monopolio de la violencia (léase autoridad).

Hoy los mandatarios de México y Estados Unidos buscan recuperar la dignidad de una Presidencia debilitada, que recibió cada uno de su predecesor, para enfrentar la inseguridad y la crisis económica. Mientras que para EU el terrorismo proviene del exterior, para nosotros el crimen organizado es un problema interno.

Mucho revuelo causó el ampuloso reporte del Comando Conjunto de las Fuerzas de EU que señala que la debilidad del Estado mexicano es comparable a la de Paquistán; mientras que The Fund for Peace en Washington publicó, en su índice de “estados fallidos”, que Paquistán ocupa el noveno lugar como país de alto riesgo y México el lugar 105, ubicado entre Guyana y Senegal.

Implícitamente estos reportes reconocen que el crimen organizado y la economía informal también se han globalizado, debilitan la hegemonía del Estado y propician la violencia.

Cabe aclarar que el concepto de colapso del Estado sucede cuando los principios de unidad territorial y el monopolio legítimo sobre el uso de la fuerza sustentado en una legalidad constitucional no se ejercen. México no es un Estado fallido, sino vulnerable.

En tiempos de crisis las inversiones son fundamentales para reactivar las economías y la inversión viaja a los países donde se pagan impuestos que garantizan la seguridad y la certidumbre jurídica.

Un Estado fuerte que garantice la gobernabilidad y la paz social no es un Estado represor ni justifica el sacrificio de las libertades.

En la segunda mitad del siglo pasado, la estabilidad del Estado mexicano nunca estuvo en entredicho. Nuestros gobernantes, aun con sus defectos, tuvieron las cualidades y la visión de Estado para garantizar que sólo se prosperara donde hay seguridad.

Somos constituyentes del pacto social que nos dio origen; en él quien ejerce el poder tiene la obligación de garantizar a la ciudadanía una convivencia pacífica y productiva, siendo la seguridad la condición fundamental para progresar.

Los ciudadanos debemos refrendar el compromiso por consolidar al Estado en su sitio, pues la situación opuesta, el sitio del Estado, no puede ser opción.

Con el Jesús en la boca

El presidente del PRD reconoció que “la violencia no es nuestro camino”. Se tardaron, pero al fin entendieron el verdadero sentido de un partido político.

articulo@alemanvelasco.org

Político, escritor y periodista