Opinion

Por primera vez en la historia moderna de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional planteó públicamente al gobierno y al Congreso mexicanos la necesidad de cambiar las políticas de gobierno que han llevado a la degradación del poder militar y a la existencia de unas Fuerzas Armadas incapaces de ejercer la defensa nacional.

El aspecto más dramático de ese planteamiento realizado en el documento Panorama general del Ejército y la Fuerza Aérea, presentado a los senadores del país, se refiere a la incapacidad de mantener la guerra contra otra fuerza armada más allá de 25 días. En términos hipotéticos, esto significaría que una invasión militar al territorio mexicano podría consumarse en menos de un mes.

Los aviones de la Fuerza Aérea sólo librarían una batalla del honor, los buques de guerra mexicanos estarían en desventaja con sus naves obsoletas e insuficientes y las tropas tendrían que convertirse en una fuerza guerrillera para defender al territorio nacional.

El documento entregado sintetiza el estado real del Ejército y la Fuerza Aérea, caracterizado por la operación caótica de los sistemas de operación, logística, administración y educación militar, así como por un impacto de la escasez histórica de recursos en la moral y condiciones de vida de las tropas, y por la obsolescencia del material de guerra.

¿Por qué presentar este documento?

Según el análisis presentado por el alto mando militar, el Ejército y la Fuerza Aérea entrarían en una etapa de degradación irreversible en un plazo estimado de cinco años, lo que implica que el próximo gobierno habría heredado un aparato prácticamente inservible de defensa nacional.

Es posible que la política actual de utilizar intensivamente a las Fuerzas Armadas haya profundizado el proceso de degradación del poder militar.

Resulta evidente que al tomar la decisión de utilizar el máximo de fuerza militar posible contra la delincuencia organizada, el gobierno actual no tomó en cuenta el rezago acumulado en el Ejército y la Fuerza Aérea ni consideró tampoco la imposibilidad logística de mantener esa política sin un incremento significativo en el presupuesto militar.

Por otra parte, la Secretaría de la Defensa Nacional habría aceptado la profundización de su papel en la lucha contra la delincuencia organizada, sin advertir al poder civil de la inexistencia de recursos suficientes para mantener ese combate. Si acaso realizó la advertencia, el gobierno de Calderón hizo caso omiso de ella.

¿Cómo salir del problema? Es paradójico que la mejor salida no sea el incremento simple del presupuesto castrense. Actualmente, no es posible construir una fuerza militar efectiva si cada dependencia aboga por sus necesidades sin tomar en cuenta a las demás. Este estilo burocrático, casi gremial, de pelear por recursos y asignarlos, conocido como “chimenea”, sólo lleva al desequilibrio entre las fuerzas de tierra, mar y aire, y al deterioro paulatino de la capacidad de defensa.

Sin embargo, el mejor camino está apenas apuntado en el mismo documento militar: se requiere una política de defensa. Si siguiera el ejemplo de otros países de América Latina, el Estado mexicano convocaría la participación activa de legisladores, académicos y organismos no gubernamentales para definir objetivos nacionales de seguridad y defensa, y en este proceso elaboraría una política de defensa.

De ahí se desprenderían la política militar, el diseño de la fuerza que necesita el país y la asignación de los recursos necesarios y posibles.

Falta ver cómo responden el Congreso y el presidente Calderón. De sus decisiones actuales depende en buena medida el futuro y viabilidad de las Fuerzas Armadas mexicanas.

jlsierra@hotmail.com

Especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas