Opinion

Puesto a debate, el asunto de la seguridad —pública y nacional— se ha tornado complejo, incomprensible y algo terrorífico. Ninguno de los candidatos presidenciales de 2006 tuvo el problema en la mira ni se refirió mayormente al tema. López Obrador planteó el uso del Ejército en tareas de combate al narcotráfico y Calderón lo tuvo como un tema tratado y comentado, pero secundario.

Ahora el país tiembla ante las referencias diarias al número de muertos, que supera ya la cifra de soldados de EU muertos en Irak y Afganistán. El Estado fija metas (v.g., los 100 días del Consejo Nacional de Seguridad) que no cumple mayormente. Sigue el debate acerca de la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al narco, al tiempo que no existe una policía federal capacitada y suficiente para encarar el conflicto. La sociedad desconfía de la policía, pero los legisladores no crean una alternativa satisfactoria y eficaz contra el narcotráfico, capaz de sustituir al Ejército en este convulso problema.

No se esclarece cuándo el combate al narco deja de ser un asunto de seguridad pública (la delincuencia enfrentada con la ley y la policía) para convertirse en uno de seguridad nacional (como amenaza a la hegemonía del Estado en la sociedad). En el antiguo régimen del PRI se cuidó de mantenerlo dentro del ámbito de la seguridad pública. Sin embargo, el libre mercado y el TLC abrieron las fronteras al comercio internacional, incluyendo las drogas. Al final del priísmo, el narcotráfico ya era un problema de seguridad nacional.

Y como tal, su manejo debe ser político. Tan político es combatir el narco con las armas como plantear alternativas como la despenalización (no legalización) de algunas o todas las drogas. Algunos médicos pueden rechazar la idea, pero no aportan nada a la solución del problema. El asunto es ofrecer soluciones, no escupir prejuicios. Tan mata la diabetes como la droga. Y no pensamos, médicamente, en ilegalizar la venta del azúcar o las bebidas alcohólicas.

El Estado mexicano debiera abrir el debate acerca de nuevas o distintas opciones para combatir al narco y a la delincuencia. Una de las resistencias a la búsqueda de opciones más inteligentes a lo que hace el gobierno federal es debido a la derrama económica que esa ilegalidad les produce a diversos segmentos de la sociedad, como campesinos pobres y empresarios encumbrados. La resistencia a estrategias más inteligentes empieza ahí.

¿Los partidos qué dirán sobre esto en sus próximas campañas? Por lo menos se puede augurar que no podrán evadir el tema.

ricardopascoe@hotmail.com

Analista político