Opinion

A los políticos mexicanos les encanta organizar eventos en los que se abrazan y se toman la foto. Pero luego pretenden olvidar lo que prometen. El deber de medios e intelectuales, por tanto, es recordar sus compromisos y exigir que los cumplan. Así lo establece el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que firmaron importantes funcionarios públicos el 21 de agosto. Se trataba de la respuesta de los poderes públicos a la sensación de ahogo social resultado de, entre otros hechos, del cobarde secuestro y asesinato de Fernando Martí.

Se integra por más de 70 compromisos y tareas a cargo de los poderes federales, estatales, municipales y del DF. Cada uno se acompaña con el tiempo necesario para realizarlo. Los de más corto periodo de realización vencieron el 21 de noviembre, al cumplirse tres meses de la firma del acuerdo.

Difícilmente pueden considerarse cumplidos al 100%. Se establecía que se debía contar con un sistema fortalecido de denuncias para que la sociedad pudiera señalar a los funcionarios corruptos. También se señalaba la obligación de revisar las licencias colectivas de portación de armas, a fin de que las fuerzas del orden pudieran repeler al crimen. Otro tema era el de organizar campañas de difusión de la cultura de la legalidad, la prevención del delito y la denuncia. El acuerdo refiere la creación de un observatorio ciudadano que vigile su seguimiento, así como el establecimiento de indicadores de evaluación que deberán ser creados en cada entidad para medir el desempeño de instituciones policiacas y de procuración de justicia.

Hemos escuchado docenas de discursos pero se ha avanzado muy poco. Cuestiones como crear un modelo nacional de control de confianza y de evaluación para policías, conformar unidades especiales contra el secuestro, la cobertura única a nivel nacional del número de emergencia 066 y del número para denuncias anónimas 089 tendrán que ser afinadas y la opinión pública tendrá que exigir cuentas.

Los legisladores también tienen que hacer su parte con la legislación secundaria necesaria para que marche la reforma penal. Para ello será necesario adecuar el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica de la PGR, el Código Penal Federal, la legislación que regula a los cuerpos policiacos federales, la ley de amparo, etcétera. Y algo muy parecido deberá hacerse en los estados. Además, el acuerdo prevé la existencia de una Ley General del Delito de Secuestro y una Ley de Ejecución de Sanciones Penales que tendrán que ser discutidas y aprobadas por el Congreso.

Quizá sea el Poder Judicial el que más en serio se ha tomado el acuerdo. Ha venido realizando reuniones periódicas con representantes de la sociedad y les ha informado sobre lo que le corresponde. Ya trabajan los jueces de control, ya se centralizaron los procesos por delincuencia organizada en los estados con penales de alta seguridad, ya se ha modernizado el proceso de recolección de testimonios y confesiones, se está trabajando en una mayor transparencia de los tribunales colegiados. No pueden los jueces federales cantar victoria, pero están poniendo el ejemplo a los demás poderes. Les falta mejorar la capacitación de jueces penales y contar con estadísticas más acuciosas y útiles para medir su desempeño.

Tanto la reforma constitucional de junio como el acuerdo suponen un marco de exigencia suficientemente preciso para que podamos observar el desempeño de nuestras autoridades. Habrá que hacerlo y denunciar a las que no cumplan con su trabajo, exigiéndoles, como dijo Alejandro Martí, que si no pueden, renuncien.

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Investigador del IIJ-UNAM