Opinion

El momento hobbesiano que vive el país se expresa de múltiples maneras, pero la más elocuente está encarnada en la creciente desconfianza de la sociedad hacia los servidores públicos responsables de la seguridad y la procuración de justicia.

No es fácil para el ciudadano común procesar el torrente de información sobre las detenciones de presuntos delincuentes relacionados con delitos de narcotráfico y secuestro. Se ha tornado tan difuso el mensaje que se quiere enviar, que se necesita ser un especialista en el tema para entender con claridad el estado de la cuestión y dilucidar entre apodos, confiscaciones y niveles de mando.

Especialmente ahora que se han entrecruzado las acciones de combate a la delincuencia organizada con las acciones de combate a la corrupción en los cuerpos policiacos, enmarcado este último en la denominada Operación Limpieza.

La delincuencia organizada tiene postrados a los poderes públicos en diversas regiones del país, donde las funciones estatales simulan realizarse para permitir la operación de los poderes fácticos que estructuran la vida política y social, agazapados y en otras ocasiones no tanto, tras las cortinas de las oficinas y la sombra de los funcionarios públicos.

La corrupción de mandos policiacos pone de relieve la falta de incentivos institucionales, materiales y simbólicos para alimentar la lealtad institucional de los servidores públicos que viven al filo de la navaja en el ejercicio de las funciones policiacas.

En este contexto, no es razonable esperar la restauración inmediata de la confianza ciudadana y de los grupos sociales con capacidad de movilización e interlocución pública, en relación con las instituciones gubernamentales responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia.

El desafío es doble: por un lado los delincuentes y, por el otro, la impunidad y la corrupción en la trama policiaca. El ambiente social está crispado. El Presidente vive un dilema permanente, que debe generarle tensiones adicionales. En esa tesitura, la llegada de un nuevo secretario de Gobernación podría contribuir a propiciar una palanca de inflexión para relanzar la estrategia de fortalecimiento del Estado, al mismo tiempo que continúa el combate a la delincuencia bajo nuevos enfoques.

Siempre será mucho más fácil gobernar con la natural desconfianza de la sociedad que con la permanente desconfianza hacia los colaboradores. Los ciudadanos, decía Thomas Hobbes, deben mantener una actitud de desconfianza hacia el poder para resguardarse de sus excesos. Y quienes ejercen el poder deben entender que su credibilidad radica en el servicio que presten a los ciudadanos y al interés público. Pero siempre será mucho más difícil tener la prestancia suficiente para gobernar cuando la lealtad institucional flaquea y el entorno se debilita, ante las presiones y los incentivos cuantiosos que los poderes fácticos ofrecen a los funcionarios que combaten la delincuencia.

El gobierno requiere cuotas mínimas de confianza social, de la misma manera que requiere la lealtad de sus funcionarios. La primera genera legitimidad, la segunda produce institucionalidad. La confianza puede oscilar, porque depende de las percepciones sociales. Pero la lealtad institucional no puede escasear, porque con ella se produce el cemento que pega las piezas sueltas del aparato público.

México tardó 20 años en atenuar el carácter pretoriano de la Revolución, para dar paso sin inestabilidad a los gobiernos civiles. Ese proceso permitió la transición de la lealtad que los soldados y oficiales de los ejércitos revolucionarios prodigaban a los jefes y caudillos militares, hacia las instituciones y en particular hacia el presidente de la República.

¿Cuánto tiempo tardaremos en generar una nueva base de lealtad institucional en los aparatos policiacos? La reforma del Estado mexicano implica la restauración del tejido institucional, así como la creación de una nueva estructura de incentivos para reforzar la frágil lealtad institucional.

Doctor en Ciencia Política y Sociología