Opinion

El gobierno mexicano en particular y los mexicanos en general enfrentan ahora una alternativa desagradable, impuesta por la crisis económica internacional desatada por la situación financiera de Estados Unidos.

En alguna medida, la alternativa está en volver a los años de gasto público absorbente, deficitario y creador de inflación pero también de inversión en infraestructura, generador de empleo y, a final de cuentas, estimulador de la economía.

La opción parece clara, aunque también es de subrayar que un programa limitado como el presentado el miércoles por el presidente Felipe Calderón puede constituirse en la señal para un equilibrio sano entre la intervención estatal para impulsar la economía y la participación de los capitales nacionales y la ciudadanía en la reducción del impacto de la crisis.

Cualesquiera sean sus defectos, la propuesta de Calderón es un claro signo de que el gobierno no piensa quedarse estático y de que espera recurrir sobre todo a recursos propios, así sean inflacionarios y absorban el crédito disponible, para evitar que un serio problema económico internacional se traduzca en una tragedia nacional.

De hecho, este es el momento tanto para que el país recupere, sobre todo, la confianza en sí mismo y en un aparato político que sea capaz de ofrecer soluciones conjuntas sin olvidar sus diferendos, pero tampoco el bienestar de la nación.

Hoy por hoy, lo que el país necesita es dar empleo a mexicanos que no lo tienen ya o están a punto de perderlo y estimular su planta productiva, lo que a su vez se traduce en consumo y la necesidad de más producción y empleo.

La alternativa de asumir nueva deuda pública a cambio de ofrecer posibilidades de evitar una crisis social producto de la carencia económica es un riesgo que vale la pena, siempre y cuando se asuma limitada, transparente y responsablemente, con fines específicos, una justa distribución de la carga fiscal y no para gasto corriente.

Es posible, por cierto, que un programa de esa índole cause presiones inflacionarias, pero también lo es que se puede dominar la inflación y que resulta imposible contener los efectos sociales del hambre y el desempleo.

Pero junto con esas medidas es necesario también que haya una más cuidadosa regulación de instrumentos financieros y vigilancia de empresas donde el interés por ganancias puede convertirse en comportamiento predatorio.

El Congreso ahora sí debe ser de la Unión

Los legisladores de oposición ven tardío el plan de acción del gobierno y coinciden en ese punto con analistas económicos. Ahora es tiempo de conjuntar esfuerzos porque la crisis mundial pegará fuerte a México y todos padeceremos los estragos cuando menos hasta 2010, según las estimaciones optimistas.

Ya antes se había criticado la lentitud de la Federación para intervenir contra la inflación de los productos básicos, así que los cuestionamientos son válidos; pero eso no debe influir en el ánimo de cooperación de los legisladores nacionales. Lo urgente es actuar sin demoras partidistas en la elaboración de un presupuesto de emergencia. Perder el tiempo como lo han hecho con la reforma energética no es una opción.

Los legisladores no deben cometer el pecado que critican al Ejecutivo y demorar, más allá de lo razonable, las medidas para enfrentar la crisis.

El mejor ejemplo de lo que no deben hacer los diputados mexicanos lo dieron sus contrapartes en Estados Unidos. Republicanos y demócratas desecharon —por la cercanía de las elecciones— un rescate bancario que habría evitado el ahondamiento de la crisis que hoy padecemos.