Opinion

Las elecciones en Guerrero han hecho sonar las alarmas acerca de la influencia del narcotráfico en la política. Días antes de las elecciones, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) llamaron a participar en las elecciones para enfrentar el “enorme gasto de las campañas” erogado por el narco, “ya que resulta natural (sic) que éste (el narco) tenga las manos metidas en el proceso electoral; sobre todo en regiones estratégicas para el trasiego y venta de enervantes; siendo de gran importancia para estos grupos controlar municipios y en otros al menos tener cierta influencia... De esta manera, carretadas de dinero fluyen hacia el proceso electoral por parte de los cárteles de la droga”.

No es información del Cisen, sino de un grupo alzado que vive la realidad cotidiana de la sociedad guerrerense. Por ello, es un hecho que los resultados electorales tienen que analizarse en el contexto de la participación de “carretadas de dinero” del narcotráfico.

México ha vivido dos grandes etapas en la estrategia de combate al narco. El régimen priísta se definió por lo que podría denominarse la estrategia del pacto de seguridad pública con los cárteles mexicanos. El PRI calificó a estas organizaciones como retos a seguridad pública, mas no de seguridad nacional. El narco no era una amenaza a la existencia del Estado, como la guerrilla. Bajo esta lógica, distintos secretarios de Gobernación fueron los encargados de reciclar o redefinir, sexenalmente, el pacto de “convivencia pactada”.

En la democracia, el Estado mexicano no puede dispensarle ese trato “político” y debe asumir que su único camino posible es definir al narco como un problema de seguridad nacional. No hacerlo sería evolucionar hacia un narcoestado. El gran yerro de Fox fue no atreverse a tomar una definición y permitió un sexenio entero de crecimiento del narco sin freno significativo. Calderón tuvo que enfrentar la amenaza que ocupaba espacios geográficos del territorio nacional. El narco le está arrebatando al Estado funciones básicas: cobra impuestos, impone su ley y ejerce la violencia institucionalizada. Las elecciones de Guerrero demuestran que la estrategia es deficiente.

Hace falta una estrategia de tercera generación para atacar el problema. La propuesta de legalizar la droga para fomentar su control por parte del Estado es, hoy, la que tendría que combinarse con el control de organizaciones delictivas que amenazan al Estado mexicano.

ricardopascoe@hotmail.com

Analista político