Opinion

Los viejos pactos no escritos que sirvieron para acotar los territorios y el despliegue de la delincuencia organizada, durante el largo periodo de predominio del presidencialismo autoritario y del PRI, hace ya mucho tiempo que se volvieron obsoletos.

La alternancia en el gobierno federal ocurrió en medio del interregno provocado por la ineficacia del antiguo modelo de relaciones entre el Estado y los poderes fácticos y la falta de un proceso generador de las nuevas reglas, que requería el régimen político para enfrentar la expansión y colonización que la delincuencia organizada realizó sobre importantes regiones y municipios del país.

Los actores políticos cuya estrella aparentemente declinaba con el fin del PRI, así como los nuevos actores políticos en ascenso bajo el paraguas del PAN o del PRD, pasaron por alto el proceso que corría paralelo a la instauración y desarrollo de las instituciones democráticas. No alcanzaron a ver a tiempo la naturaleza del proceso, y menos advirtieron las consecuencias negativas que ejercía corrosivamente sobre las estructuras gubernamentales estatales la implosión de los poderes fácticos.

De pronto, habíamos instaurado las reglas e instituciones de la democracia, pero las funciones básicas del Estado en materia de policía, persecución del delito e impartición de justicia se encontraban colapsadas o a punto de ser abducidas por los nuevos leviatanes privados, que con la complicidad de no pocas autoridades habían establecido un nuevo predominio como señores feudales sobre diversas regiones estratégicas.

Democratizamos el régimen político, pero no apreciamos a tiempo el debilitamiento del Estado. Las amenazas a la viabilidad del Estado dejaron de provenir del exterior, para incubarse en los municipios. Las estructuras, funciones y servidores públicos se convirtieron en la servidumbre de los nuevos poderes fácticos. Los límites dejaron de ser impuestos por la autoridad legal. La delincuencia organizada estableció nuevos señoríos por encima de los límites territoriales y de las funciones de la autoridad.

El narcotráfico empezó a trazar la nueva geografía política de la nación. Pasamos, sin tener plena conciencia de ello, de la unidad de mando y de acción que se concentraba y repartía de manera asimétrica entre el poder federal y los poderes locales, a una nueva urdimbre de poderes feudales, primero agazapados en la formalidad institucional y, un poco más tarde, desbordando los formatos institucionales por su inevitable propensión a expandirse.

¿Cómo deberíamos llamar al proceso de desestructuración y debilitamiento del Estado que ocurre en las regiones donde hoy se enseñorea la delincuencia organizada? Independientemente de la denominación que se adopte para delimitar este proceso, lo cierto es que la unidad del Estado se encuentra colapsada por el poder feudalizado de la delincuencia organizada, que lo mismo se asienta y manifiesta en los intersticios de las ciudades que en las regiones suburbanas y rurales.

La división política del país en estados y municipios ha perdido fuerza para establecer los límites y alcances del Estado y de sus políticas públicas. Hay territorios donde simplemente las estructuras gubernamentales han abdicado a favor de los poderes fácticos.

La feudalización de importantes municipios y regiones diseminadas en toda la geografía nacional es un fenómeno sociopolítico insoslayable, que diariamente queda documentado en la prensa nacional y local que da cuenta de los asesinatos y venganzas entre los grupos de la delincuencia organizada.

Los límites políticos que determinan las áreas de influencia de los grupos de delincuentes se aprecian con mejor en las infografías que suelen publicar los periódicos para informar sobre los territorios que controlan unos y otros, que en los mapas convencionales sobre estados y municipios.

La disputa entre los poderes públicos y los feudos constituye el telón de fondo. México vive un momento hobbesiano, en el que la regla fundamental es la ley del más fuerte.

Doctor en Ciencia Política y Sociología