Opinion

Los sábados por la mañana el humor propio suele estar indispuesto para recibir llamadas telefónicas de desconocidos. Supuestamente no es el momento más privado de la semana, pero igual merece respeto. De ahí que no sea escrúpulo injustificado exigirles a los bancos, las compañías de seguros, los encuestadores o los oferentes de tarjetas de crédito que lo dejen a uno en paz.

Y sin embargo los operadores contratados por estas compañías suelen ofenderse si el cliente potencial rezonga frente a la importunidad de sus avances. La actividad por la que cobran es la de atrapar incautos que no supieron cómo rechazar a los sabatinos pescadores telefónicos, cuya robótica voz siempre tiene algo de espeluznante.

La mayoría de nosotros mostramos un instinto muy disminuido a la hora de defender nuestra privacidad. Por eso es que estas compañías se dan el lujo de invadirnos sin recato. Tampoco tienen límites tales negocios a la hora de traficar con las bases de datos personales que el mundo digital ha puesto sobre el mercado.

Los mexicanos no tenemos verdadera propiedad sobre nuestros datos personales. Nuestro nombre, apellido, dirección, ingreso, historial crediticio, estado de salud, comportamiento automovilístico, religión, origen social, y toda una serie de elementos que configuran la identidad contemporánea, se han convertido en un preciado objeto sometido al más salvaje de los comercios.

Basta con que un buen día cambiemos de empleo o recibamos un aumento salarial, para que el sábado siguiente los teléfonos de casa repiqueteen incesantemente. Si el incauto ciudadano cae en la trampa y responde, no tardará en descubrir que el interlocutor sabe más cosas suyas de lo que sería conveniente.

¿Quién asegura que la metálica voz de la señorita que ofrece la más ventajosa tarjeta de crédito no sea en realidad la de un emisario del mundo de lo indeseable?

Si los bancos o los vendedores de seguros se hacen tan fácilmente de un número telefónico, un nombre y una cifra de ingresos, nada nos asegura que otros sujetos —dedicados por ejemplo a la industria de la extorsión o del secuestro— estén impedidos para adquirir el mismo producto.El derecho constitucional a la privacidad es letra mojada en esta vertiginosa era de la cibernética. Los datos personales han dejado de ser patrimonio propio para convertirse en artículos de lucro al servicio del enriquecimiento lícito o ilícito de los otros.

Por los vacíos de la ley y también por la blandengue protección de nuestros derechos, los mexicanos nos encontramos por estos días en situación de agrandada vulnerabilidad.Afirmar lo anterior nada tiene que ver con la paranoia o la susceptibilidad excesiva. Cuando la inseguridad personal ha dejado de ser excepción, la protección a los datos personales de los ciudadanos debería ser un tema que ocupara muy seriamente a las autoridades.

Según la legislación mexicana, el Instituto Federal de Acceso a la Información, y sus réplicas estatales, tienen la obligación de proteger los datos de la persona que se encuentren en las bases electrónicas en disposición de los organismos del gobierno.

Supuestamente, gracias a este instrumento legal ningún dato relacionado con la vida privada de los ciudadanos que se encuentre en manos de las autoridades puede ser revelado sin justificación.

Con todo, los nombres, las fotografías y el monto de los ingresos de los ciudadanos que además son funcionarios públicos, pueden ser consultados en todo momento sobre internet.

¡Que un milagro guarde a estos miserables los sábados por la mañana, sobre todo si acaban de estrenarse en su cargo o su ingreso crece de una quincena a la otra!

La situación para el resto de los mexicanos es aún más grave. No hay ley, ni institución pública que regule —como sí ocurre en la mayoría de los países donde la privacidad todavía importa— el mercadeo de los datos personales. Somos peces de un cardumen disponible para todo tipo de depredadores.

Analista político