Opinion

Las últimas semanas México ha visto 41 ejecuciones en un solo día, contradicciones de altos mandos policiacos por el secuestro de Fernando Martí, ataques de corte terrorista en Morelia, decenas de muertos en un motín penitenciario en Tijuana y ayer heridos por otro incidente en Monterrey. Los hechos son abrumadores, pero hace falta analizarlos sin pasiones y ver que sucesos en apariencia aislados tienen soluciones comunes.

El mismo sistema de justicia incapaz de actuar rápida y eficazmente contra delitos del fuero común es el que permite la evolución de esos crímenes a otros de alto impacto de jurisdicción federal. Pero ni la PGR ni la SSP y ni siquiera el Ejército tienen la capacidad de enfrentar el caos que se ha esparcido por toda la República.

La detención del presunto líder de la banda de La Flor y posteriormente de personas que se vinculó sin pruebas suficientes al atentado en Morelia hablan de una inexistente capacidad de investigación por parte de los cuerpos de seguridad mexicanos.

Si se confirma la responsabilidad de la agente federal Lorena Hernández en el secuestro de Fernando Martí, también quedaría demostrada la ineficacia de los controles de ingreso a las policías.

Para agravar la situación tenemos un sistema penitenciario que sólo posterga por unos años la salida a la calle de criminales que, de cualquier manera, pueden operar sus delitos desde la cárcel.

Tijuana y Monterrey son noticia hoy por el motín de reos. La anarquía que lo permitió es una historia añeja en el primer caso. Apenas en agosto de 2002 las autoridades desmantelaron en un operativo una zona en ese penal que era conocida como El Pueblito, viviendas con aire acondicionado y baños construidas con desperdicios industriales que un grupo de presos alquilaba a los demás.

En ese entonces, unos 2 mil reos fueron trasladados a otros penales y se halló hasta un laboratorio de drogas sintéticas. El operativo supuso un cambio hacia un verdadero sistema de readaptación. Cuatro años después vemos una realidad común en todas las cárceles del país: hacinamiento, tráfico de armas y drogas, corrupción de custodios.

Un criminal común puede hacer “carrera” en México gracias a todo este sistema que va desde la ineptitud policiaca hasta la “profesionalización” delictiva en las cárceles.

En respuesta a esta terrible situación de seguridad que no deja de provocar escándalos, los políticos presentan propuestas aisladas que son inútiles o insuficientes para acabar con la criminalidad en el corto y largo plazos.

El presidente Felipe Calderón propone la cadena perpetua para secuestradores; Emilio Gamboa, coordinador de los diputados del PRI, y el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, alientan la pena de muerte para esos mismos delincuentes. “Lo que quieren es que todo mundo tenga miedo para que ya no se exprese el pueblo, para que ya no haya manifestaciones”, dice el perredista Andrés Manuel López Obrador, que tiene intereses propios. El ex candidato presidencial Francisco Labastida culpa de la situación al desmantelamiento del aparato de inteligencia durante el gobierno de Fox.

¿Cuáles de las recientes declaraciones de los políticos se enmarcan en el Acuerdo Nacional por la Seguridad? La urgencia de unidad frente a los actos de terrorismo en Morelia no es para legitimar a un gobierno o desprestigiar a sus adversarios, sino para que, sin olvidar sus diferencias ideológicas, se enfoquen en directrices comunes como la rendición de cuentas y profesionalización de las policías municipales y se olviden de propuestas populistas sobre las cuales tampoco se pondrán de acuerdo.