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Alejandro Encinas

Pemex, viable sin privatizar

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    30 de agosto de 2008

    Si algún mérito tienen las iniciativas acogidas por los legisladores del FAP en materia energética es conjugar experiencias, capacidades y talentos en un ejercicio sin precedente, cuyo valor adicional fue recoger los diagnósticos y propuestas presentados en el debate en el Senado al margen de visiones partidistas, así como los resultados de la consulta pública nacional y de encuestas de opinión en las que se manifestó el rechazo a la privatización y a la intervención de empresas transnacionales en las actividades de Pemex.

    Es una iniciativa plural que incorpora las visiones de dirigentes políticos a quienes se busca presentar confrontados (Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador); de académicos (John Ackerman, Rolando Cordera, Rene Drucker); periodistas (Rafael Barajas, Eduardo del Río, Helguera); especialistas (Mario Di Constanzo, Eduardo Beltrán); el mundo de la cultura (Guadalupe Loaeza, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska); ex funcionarios federales (Carlos Tello, David Ibarra, Javier Jiménez Espriú); constitucionalistas (Arnaldo Córdova), e incluso antiguos adversarios (Manuel Bartlett).

    Considera reformas jurídicas y propuestas que mantienen la rectoría y la exclusividad del Estado en la industria petrolera para articular un plan de acción inmediata, que sin privatizar permita crear un fondo de recursos (300 mil millones de pesos) para llevar a cabo un programa de inversiones públicas para que Pemex corrija el actual régimen fiscal al que es sometido; atienda labores de exploración, refinación y petroquímica, investigación y desarrollo tecnológico; y adopte acciones que garanticen transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción en contratos, adquisiciones y licitaciones, así como en las relaciones entre empresa y sindicato.

    Garantiza que la reforma se apegue a la norma constitucional, promoviendo medidas correctivas al deterioro de la industria y sus finanzas; la creación de una comisión que elabore una política energética de Estado y defina la seguridad energética; el aprovechamiento de los recursos para el desarrollo del país, limitando la plataforma de exportación y promoviendo nuevas fuentes de energía. Se busca dotar a Pemex de los recursos que no ejerce, al modificar los controles que le impone el Ejecutivo. Establece una reforma hacendaria que elimina el actual régimen de derechos y libera las rentas de Pemex para la inversión, el desarrollo y la investigación.

    Se pretende reanudar las exploraciones, recuperar la petroquímica, construir refinerías e incrementar la capacidad de las existentes, fortalecer el IMP como pilar en investigación, desarrollo e innovación de la industria, e incorporar a las universidades públicas y centros académicos en este proceso. Redefine los términos de la explotación en aguas profundas y yacimientos fronterizos, sin ceder a la presión de las transnacionales, e impide la intervención de tribunales foráneos. Cancela contratos de riesgo bajo cualquier forma que viole la Constitución, la adjudicación directa y la invitación restringida en los contratos por obras y prestación de servicios a empresas privadas, e impide que particulares se apropien de la renta petrolera en las actividades del sector.

    Se trata de recuperar el carácter original de la empresa, acotar a la burocracia, acabar con la discrecionalidad, así como con la corrupta dirigencia sindical, para disponer de recursos para inversión, desarrollo tecnológico e incremento en la productividad, sin violar la Constitución, privatizar ni empeñar un patrimonio fundamental de nuestra nación. Hagamos votos para que los legisladores estén a la altura de su investidura y de la responsabilidad histórica que les corresponde cumplir en estos tiempos cruciales para definir el destino de México.

    [email protected]

    Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM



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