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Editorial de EL UNIVERSAL

Nuestro error, familia Vargas

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humano ...





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    28 de agosto de 2008

    La cobertura periodística de secuestros y las negociaciones que incluyen siempre es una de las más complicadas, tanto por la emotividad que incorpora como por la posibilidad de caer en imprecisiones. Y ese es el caso: nos equivocamos al publicar el martes un reporte sobre las negociaciones para el rescate de Silvia Vargas Escalera y hoy, públicamente, presentamos disculpas a su familia.

    Nuestros sistemas de recolección y verificación de información fallaron el lunes. Hoy los hemos revisado y estamos en proceso de hacer los ajustes necesarios para reducir en lo posible los márgenes de riesgo, tanto de inmediato como de largo plazo.

    No hay nada más que decir, excepto tal vez reiterar disculpas a una familia que mantuvo reserva sobre su tragedia durante 11 meses y súbitamente se vio bajo los reflectores en momentos en que el tema de los secuestros se constituía en el eje de la discusión nacional sobre seguridad.

    El Código de Ética que rige la relación de EL UNIVERSAL con sus lectores es nuestra guía en éste y otros casos: no nos gusta, pero tampoco tenemos miedo de aceptar nuestras equivocaciones —y ofrecer disculpas cuando lo amerita—, porque estamos decididos a corregirlas.

    Libertad de decisión

    El espinoso tema del aborto enfrenta irreconciliables posiciones morales y religiosas, y controvertidas opiniones científicas, sociales y jurídicas. Después de años de rabiosas polémicas con visos de intolerancia, gana visiblemente terreno la idea de que, cualquiera que sea nuestra convicción particular, no es debido imponerla a quienes disienten de ella.

    Finalmente, la dolorosa y frustrante decisión de abortar es personal e intransferible. Nadie está en capacidad de ocupar el sitio de quien la toma y su única opción es apoyar y confortar.

    Después de un debate centrado en lo estrictamente jurídico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no encontró violaciones a la Constitución, las leyes ni los tratados internacionales en la reforma que despenaliza el aborto en las primeras 12 semanas del embarazo, aprobada en abril del año pasado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El ministro Sergio Aguirre había pedido la anulación de la reforma.

    Despenalizar no es lo mismo que promover, autorizar o aconsejar. El ministro Genaro Góngora Pimentel argumentó que “el embarazo forzado es una forma de esclavitud al imponer a la mujer un periodo de gestación contra su voluntad”, para no hablar de las consecuencias de por vida de una maternidad no deseada. “Las niñas”, dijo Góngora, también, “tienen el derecho de no ser madres”.

    La discusión no llegó a considerar cuándo comienza la vida, sino que se concretó a verificar la corrección constitucional del acto legislativo.

    Las mujeres que optan por el aborto merecen el mismo respeto que las que aceptan ser madres.

    El cardenal Norberto Rivera es un firme crítico de la reforma despenalizadora del aborto, aunque desde el púlpito él puede persuadir a las feligresas para que sigan el mandato de la Iglesia católica. La reforma no hace obligatorio el aborto.

    En realidad, la penalización del aborto no había hecho que estas intervenciones quirúrgicas disminuyeran, pero sí las tenía reducidas a la clandestinidad, en precarias condiciones de higiene y con un alto índice de fallecimientos.

    La esperanza es que la despenalización ofrezca mejoras en este terreno.



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    Editorial EL UNIVERSAL Un Hoy No Circula más justo


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