Opinion

Cuando terminó de hablar, Alejandro Martí recibió una ovación. El jueves pasado los asistentes a la firma del Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad se pusieron de pie y aplaudieron el duro y recriminatorio tono con el que el padre de Fernando Martí se dirigió a los gobernantes del país.

En ese preciso momento, las palmas que no chocaron con tanto entusiasmo fueron las del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. En la transmisión televisada quedó registrado un hombre que celebraba resignada, lenta y secamente aquel memorable discurso.

¿Cuál fue la razón de esta anticlimática actitud?

El acto había sido originalmente convocado para mostrar la cohesión del Estado alrededor de la batalla que el jefe del Ejecutivo encabeza contra la inseguridad y de golpe, el evento se convirtió en una aparatosa constatación de su fracaso.

Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, anunció ahí que el número de crímenes cometidos está creciendo en alrededor de 9% por año. El delito que más extensión ha alcanzado es el secuestro, prueba de que la guerra contra la inseguridad golpea todos los días a la puerta de la población civil.

Hoy el país es más peligroso y más violento que cuando Felipe Calderón tomara posesión.

En la voz del padre de Fernando Martí se expresó la honda y extendida desconfianza que la población mexicana sostiene con respecto a la conducción de la guerra contra la violencia.

Lo de menos fue que solicitara la renuncia de los funcionarios ineptos. Su discurso puso el acento en la incredulidad que los mexicanos padecen a propósito de la política de seguridad.

Merodea en la opinión pública la idea de que las autoridades y los criminales continúan asociados. Y no pareciera infundada la apreciación.

Baste con recoger las declaraciones que el viernes pasado hiciera el procurador Eduardo Medina Mora, para alimentar la intranquilidad.

Este funcionario reconoció que los narcotraficantes lograron poner al servicio de sus intereses, estructuras neurálgicas del Estado mexicano. Así lo refirió durante el encuentro de procuradores que se celebrara el pasado viernes en el estado de Chihuahua.

También habló de este tema la procuradora general de Justicia en esa entidad, Patricia González, quien ratificó que las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas han logrado infiltrar y permanecer en la institución que ella dirige.

A diferencia de Medina Mora, la procuradora González habló en tiempo presente.

Si los cuerpos de seguridad siguen subordinadas al crimen organizado, ello querría decir que los capos continúan comprando las plazas de policía para entregárselas a sus empleados. Y también que son ellos quienes ofrecen servicios de protección al resto de las bandas de delincuentes que operan dentro de las poblaciones más peligrosas.

Sólo así podría explicarse, por ejemplo, que personajes como Pedro Ignacio Zazueta, lugarteniente de los hermanos Arellano Félix en la ciudad de Tijuana, haya sido aprendido este fin de semana mientras jugaba plácida y divertidamente en el casino Caliente, propiedad de Jorge Hank Rohn. Si la multicitada guerra fuera tan real, ¿qué hacía este individuo paseándose en un lugar así de público?

El hecho de que los sicarios se sigan peleando por la gestión de la criminalidad en las principales ciudades refleja la falta de seriedad con que son tomadas las amenazas gubernamentales.

Es decir, que no sólo el señor Alejandro Martí desconfía de las autoridades mexicanas. También la sociedad vinculada a la delincuencia permanece escéptica frente al supuesto ultimátum que pesa en contra suya.

Tengo para mí que hay razones muchas para entender aquel lerdo aplauso del Presidente de la República durante la pasada reunión del Consejo de Seguridad.

Analista político