Opinion

Los miembros del Congreso de la Unión no sólo tienen el derecho, sino la obligación de cuestionar el ineficaz manejo del gobierno en materia de seguridad. Pero debe recordarse que los tres poderes federales y los 32 gobiernos estatales comparten la responsabilidad de lo que los líderes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su representación legislativa consideraron abiertamente como un fracaso.

El señalamiento de los dirigentes priístas no puede ser descalificado, pero sí confrontado por los demás partidos. La dura crítica emanada de la cúpula priísta contrastó, sin embargo, con el llamado lanzado por Ruth Zavaleta, diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), para quien “los políticos ya no nos podemos dar el lujo de fallar”, y menos en una demanda popular que definió como “una llamada de atención en rojo”.

Los cuestionamientos, hechos incluso por presuntos aspirantes a la candidatura del PRI a la Presidencia de la República, fueron calculadamente oportunos en su censura al gobierno, unas horas antes de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad y a tres días de la 20 Asamblea Nacional del PRI, el próximo sábado en Aguascalientes.

Aunque no dicen nada nuevo en una época saturada de furibundas protestas por la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad, los dirigentes priístas parecen enfrentar al gobierno, luego de ser señalados como sus colaboradores en el proceso legislativo de reforma energética.

Cierto, el crimen parece extenderse más en tanto que los esfuerzos por contenerlo son notoriamente insuficientes. Pero los mexicanos necesitamos más sustantivos y menos adjetivos.

Ojalá que la participación de las fuerzas políticas en el Consejo de Seguridad ayude a encontrar vías efectivas y rápidas para restablecer el orden público y dar a la sociedad la certeza de un entorno seguro en el que prevalezca el derecho.

Lo más fácil —y correcto—, desde la oposición, es criticar al gobierno. Pero también debe contribuir a resolver los problemas, con las leyes en la mano, las vigentes, reformadas o novedosas.

México, debajo de su potencial

El mexicano Guillermo Pérez conquistó ayer una medalla de oro en tae kwon do, la primera de ese tipo para este país en ocho años, la undécima en toda la historia de los Juegos Olímpicos. El suceso es de celebrarse; sin embargo, sólo aminora la desilusión producida por la representación deportiva nacional.

Habría razones para estar satisfechos si México tuviera el tamaño poblacional y económico de Togo o Tadjikistán, países con quienes compartíamos posición en el medallero antes de la victoria de Guillermo. Pero hablamos de una nación con más de 100 millones de habitantes y una de las mayores economías en el mundo.

La responsabilidad directa de la práctica deportiva en México está actualmente en manos de las asociaciones privadas que conocemos como “federaciones”. El Estado debe buscar alternativas viables para promover el deporte.

Tenemos dos alternativas de probada eficacia en los punteros olímpicos, China y EU: o se destinan enormes recursos para formar atletas desde preescolar hasta universidad o se promueve un esquema de competencia en que cada entidad educativa obtenga dinero con base en sus mejores atletas.