Opinion

La ejecución programada para hoy de un mexicano en Estados Unidos invita a reflexionar sobre un tema de gran importancia: la pena de muerte.

En el caso mencionado (y otros de un medio centenar de personas, varios de ellos connacionales, sentenciados a lo mismo), los argumentos de los opositores han ido en tres sentidos: el de la Corte Internacional de Justicia, que considera que los condenados no tuvieron acceso a una defensa adecuada y digna; el de quienes niegan la calidad moral de Estados Unidos para aplicar la pena capital, dado que es un país que hace la guerra y que invoca el derecho internacional cuando le conviene, pero no cumple su parte cuando le toca; y el de quienes aseguran que esas sentencias se aplican con criterios racistas y de clase social.

La cuestión es espinosa. Quienes están a favor de la pena de muerte sostienen que es necesario dar castigos ejemplares para que los delincuentes lo entiendan: “La pena de muerte hace que las sociedades violentas se controlen”, dice un video en YouTube.

Los que están en contra de la pena capital sostienen argumentos diversos, de corte religioso (la sociedad no tiene derecho a quitar la vida de un ser humano), ético (la justicia no se logra con la venganza), sicológico (la violencia genera más violencia), jurídico (las legislaciones modernas se sustentan en la reeducación y no en el castigo), o por considerar que es una barbarie y nosotros ya vivimos en un mundo civilizado.

Durante muchos años, me he opuesto a la pena de muerte, porque puede haber errores y entonces se castigue a inocentes o se aproveche para ir contra disidentes políticos o religiosos. Pero nunca estuve tan segura cuando se trataba de castigar a delincuentes violentos.

Hace algunos años, seguí de cerca el caso de un muchacho mexicano que vivía en Texas, al que se condenó a muerte por secuestrar, violar y asesinar a una joven estadounidense de 20 años. Él reconoció haber cometido el crimen pero pidió perdón a los padres de la muchacha, quienes se lo negaron, lo mismo que el presidente estadounidense, quien le negó clemencia. Entonces la familia empezó a decir que no se le había perdonado la vida por mexicano, por moreno y por pobre.

Me impresionó cómo, por obra y gracia de este discurso, se logró convertir el asunto en uno de estadounidenses contra hispanos, el asesino quedó como la víctima y al que estaban castigando para hacer justicia resultó ser el que no había recibido justicia.

En la situación de México hoy, hay casos que del estómago me brota una indignación enorme y pienso que la pena de muerte es apenas justa, como cuando un sujeto mutila, lastima, viola o le quita la vida a un niño, joven o viejo, trabajador, empresario o profesionista, hombre o mujer. El asesinato de Fernando Martí, de 14 años de edad, como otros anteriores, no me lleva a pensar en las cuestiones para estar en contra, sino a preguntarme con qué derecho alguien que hizo eso, sin considerar lo ético y lo justo, lo digno y lo humano, lo correcto y lo civilizado, puede ahora exigir que tengan hacia él esas consideraciones.

sarasef@prodigy.net.mx

Escritora e investigadora en la UNAM