Opinion

A la Suprema Corte de Justicia de la Nación le está llegando la hora para hacerse responsable de la calidad de los derechos que se ejercen en México.

En tanto que máximo tribunal constitucional, se trata hoy de la institución clave para que los derechos de las personas bajen de los altares de la formalidad, donde han sido colocados, para convertirse en realidades cotidianas de los mortales.

Uno de los elementos más notorios del autoritarismo que caracterizó al régimen anterior fue que la Corte podía pasarse de largo —sin pagar ningún costo— cuando los derechos de los ciudadanos más vulnerables eran violados.

Para el máximo tribunal se ha vuelto cada día más conflictiva la ceguera de sus jueces y autoridades frente al ejercicio de las libertades y prerrogativas ciudadanas.

Como el caso reciente de Lydia Cacho demostró, el reclamo más airado que pueden escuchar los ministros en su contra es el que se relaciona con la omisión en el desempeño de sus atribuciones constitucionales.

Hoy los mexicanos estamos conscientes de que un abuso escandaloso de autoridad puede llegar a la Suprema Corte de Justicia. Y dicha conciencia sube forzosamente el listón en el desempeño de las autoridades judiciales de nuestro país.

En efecto, hoy se suele exigir —por medio de la opinión pública— que el pleno de la Corte atraiga aquellos juicios de amparo cuya resolución pueda servir de ejemplo. Es decir, que siente precedentes, judiciales y sociales, para reducir la posibilidad de futuros abusos de poder.

Esta nueva circunstancia —producto de la democratización mexicana— podría convertirse en un poderoso instrumento de mejora en el ejercicio de los derechos y, por tanto, de la institución ciudadana que se ostenta en nuestro país.

Un caso muy notable relacionado con esta nueva realidad jurídica es el de los supuestos participantes en la lamentabilísima matanza de Acteal.

Como recientemente se dio a conocer, varias son las decenas de acusados consignados por este trágico expediente a quienes, en su día, no se les siguió un juicio que respetara los mínimos estándares legales del debido proceso.

Ante las tremendas presiones políticas del momento, para asegurar la detención de una gran mayoría de ellos, el Estado inventó testimonios, desestimó pruebas periciales, recurrió al engaño y, sobre todo, confeccionó artificialmente evidencia.

Fue así como supuestos culpables y seguros inocentes fueron a dar al mismo penal donde pasaron más de 10 años, sin que los jueces responsables se atrevieran a condenar en primera instancia.

Las autoridades ministeriales encargadas de consignar el caso habían hecho tan mal su trabajo que los jueces responsables no se atrevieron, durante todo ese tiempo, a dictar sentencia.

Finalmente, tras una década, un juez decidió condenar, sin distinción, a todos los acusados. Hizo caso omiso de las confesiones de los culpables, de la aparición de nueva evidencia y, sobre todo, de lo inverosímil de algunos de los testimonios.

Por su tardanza y por su inconsistencia, esta resolución judicial lesionó las garantías individuales de una gran mayoría de los inculpados.

En un último intento por recurrir al Poder Judicial, los supuestos victimarios de la matanza de Acteal han llevado su caso ante la Suprema Corte.

El recurso presentado lleva la firma de un joven abogado, Javier Cruz Angulo, cuya convicción en el caso y, más que todo, su empeño por presentar una defensa jurídica inteligente e impecable, hizo posible que los ministros de la Corte se decidieran a revisar el expediente.

De resolver prudentemente Acteal, la Suprema Corte de Justicia podría sentar un precedente ejemplar a propósito de las grandes deficiencias que se padecen en nuestro país, a propósito de la violación a las garantías relacionadas con el debido proceso.

Analista político