Opinion

Quizá siempre ha sido así pero en fechas recientes se ha vuelto más notorio: en México la política se ha convertido en el arte de resolver sin resolver. O más bien, en el arte de hacer propaganda para esconder la ineptitud a la hora de gobernar.

Hoy se suele distraer con temas escandalosos para lograr que la opinión pública aleje su mirada de los verdaderos problemas. También se acostumbra ningunear a las voces que insisten en señalar la gravedad, o de plano se opta por mentir con información falsa e interpretaciones trasnochadas.

En su libro de principios de década, Huesos en el desierto, el periodista Sergio González analizó cómo, en los 90, el gobierno panista de Chihuahua de Francisco Barrio siguió los pasos de esta forma de propaganda política para desentenderse de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

Primero anunció que ya había detenido a un asesino en serie. Un egipcio con antecedentes dudosos del otro lado de la frontera. Luego inventó que un grupo de ruleteros eran pagados por este señor para continuar con los asesinatos. Al final, ninguna de estas explicaciones fue cierta y las muertes siguieron en cantidades y de maneras tales que la conclusión de Barrio quedó ampliamente rebasada.

Lo siguiente fue señalar como extremistas a las voces que, desde la sociedad civil, denunciaban los feminicidios. Si no se podía contra la violencia, entonces había que silenciar —por la vía del ninguneo— a quienes la señalaban. Y se logró: activistas y periodistas perdieron voz en el ágora pública porque quedaron estigmatizados como radicales.

Finalmente vino la tercera etapa de la propaganda: disminuir la importancia de los asesinatos con el argumento —muy mentiroso— de que las cifras de feminicidios en ese lugar eran similares a las expuestas en otras regiones del país.

No importó el extraño modo como sucedieron las muertes, ni los patrones practicados por los asesinos, ni las pistas hacia una o varias organizaciones criminales. Una muerta en Juárez era igual que otra en Pachuca y por tanto —sorprendentemente se afirmó— era mejor dejar en paz el asunto.

Este caso es un botón de los muchos que podrían ilustrar el mañoso uso de la propaganda política que se practica en México. Su finalidad es eludir la responsabilidad política, o como coloquialmente se dice, “taparle el ojo al macho”.

Los políticos, para permanecer en el poder, han de estar en buenos términos con la opinión pública. De otra manera no lograrían ganar elecciones. Cuando llegan a la conclusión de que no es posible resolver un asunto importante —cuando toman conciencia de la incompetencia propia— lo que sigue es llamar al experto en propaganda.

Ayuda para la administración de la incompetencia inventarse un problema más gordo para distraer la atención. Otra fórmula es minimizar el problema y afirmar embaucadoramente que ya se resolvió.

Sorprende, con todo, la enorme cantidad de tiempo que los políticos mexicanos desperdician ocultando su ineptitud. Tiempo que quizá hubiera sido más útil si hubiese sido asignado para atender el problema público cuestionado.

Lo más grave es que, al tratar de administrar la incompetencia por la vía de la propaganda, los políticos terminan volviéndose cómplices del empeoramiento de la situación. Sucede así porque este tipo de propaganda siempre empaña la conciencia de los problemas y por tanto posterga su solución.

Para hacer que esta forma de administrar la ineptitud funcione es necesario que la política cuente, del otro lado, con una opinión pública voluble y sobre todo desmemoriada. Ligera, pues, ante los vientos de la propaganda lanzada por los políticos.

Si los gobernantes saben que en su sociedad no se acostumbra roer la carne de los asuntos públicos hasta llegar a los huesos, pueden entonces confiar en el éxito de su engañifa.

Para eludir la raíz de los problemas se necesita también de una sociedad que, como sus políticos, sea cómplice y prefiera andarse por las ramas.

Analista político