Opinion

Apenas había cumplido cuatro años cuando se presentaron la diarrea, el vómito y la deshidratación. Los padres de Leónidas Montealegre lo llevaron al médico con urgencia.

Ellos forman parte de una comunidad mixteca de la Montaña de Guerrero llamada Mini Numa. El centro de salud más cercano a su domicilio está a hora y media de camino a pié, en la cabecera municipal de Metlantónoc.

Cuando el menor llegó al hospital, las puertas del establecimiento público ya habían cerrado. Sólo se abren de nueve de la mañana a tres de la tarde.

Para ser recibido, además, hay que madrugar porque sólo así puede obtenerse una de las 15 fichas que ahí se reparten diariamente. Esta es una circunstancia lamentable pero recurrente en el sistema mexicano de salud.

A pesar de que ese hospital atiende a una población aproximada de 15 mil habitantes, únicamente tiene a un médico por turno.

La vida de Leónidas terminó en tragedia. Murió de regreso, en su comunidad, porque ya no tuvo fuerzas para volver al hospital.

Este episodio no ha sido excepción en Mini Numa. Por razones similares fallecieron recientemente Fidel y Ofelia, de nueve y siete años de edad. Y Silvestra de los Santos y Cayetano Hernández, de 22 y 54 años respectivamente.

A todos ellos les hubiera salvado la vida una rápida visita al doctor y un par de comprimidos.

¿Cuántas otras comunidades en todo el país se encuentran en circunstancias parecidas?

Por lo pronto, los Llanos, Yuvinani y Aztompa, también de la Montaña de Guerrero.

En el mes de septiembre de 2007, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan decidió defender el derecho a la salud de los ciudadanos mexicanos de Mini Numa.

Con este objeto presentó un recurso de amparo en contra de las autoridades que le han negado a aquella comunidad las instalaciones, los médicos y los fármacos para que ahí pueda ejercerse esta garantía fundamental.

El gobierno del estado de Guerrero, encabezado por Zeferino Torre Blanca, asegura que esa comunidad, y otras varias en la montaña, no cumplen con los criterios para instalar un centro de salud.

Además argumenta que no hay evidente vinculación entre los decesos arriba relatados y las deficiencias en este servicio público.

El próximo 27 de junio se llevará a cabo la audiencia constitucional en el juzgado séptimo de la ciudad de Chilpancingo. Será presidida por el juez José Luis Almazán Barrera.

Se trata de una sesión que, como advirtiera atinadamente Ana Laura Magaloni (Reforma 07/06/08), puede ser histórica.

Si este recurso de amparo prospera, será porque juzgador pudo confirmar que los derechos sociales inscritos en la Constitución no son sólo un puñado de buenos deseos, o un conjunto de prestaciones graciosa y generosamente ofrecidas por el gobernante en turno, sino una obligación irrenunciable y forzosa del Estado y de sus autoridades.

En esta audiencia se estaría valorando si los derechos sociales —tales como la educación o la salud— son judiciables, (es decir que pueden ser defendidos y exigidos a través de los jueces y los tribunales), o sí, por el contrario, son garantías constitucionales que en la Carta Magna viajan en los vagones de tercera.

Hasta ahora la cultura paternal y condescendiente ha hecho que, en México, las garantías sociales —obtenidas por los ciudadanos gracias a las políticas públicas— sean inestables, de mala calidad y sobre todo desiguales.

Poseer estos derechos en nuestro país ha pasado por la voluntad de los líderes políticos y también por el uso clientelar que muchos de ellos han hecho de sus beneficios. Pero no por el cumplimiento de la ley.

Tengo para mí que tal cosa se debe, en lo fundamental, a que las garantías sociales no han sido judiciables. El ciudadano no ha podido obligar al Estado, por la vía judicial, para que cumpla con su responsabilidad.

Quizá sea tiempo para que los tribunales mexicanos cambien la trayectoria jurisdiccional de los derechos sociales inscritos en la Constitución.

Precisamente por ello es que debe celebrarse que los casos de Mini Numa hayan llegado a los juzgados. Cabe ahora estar muy atentos de su resolución.

Analista político