Opinion

Quisiera estar más entu-siasmado con respecto a la Alianza por la Calidad Educativa entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Educación Pública. Pero no lo estoy. No es por necedad, sino por puritita cautela. Me sorprende, al mismo tiempo, la exaltación que traen algunos con el asunto.

Por ejemplo, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, afirmó cuando se dio a conocer el acuerdo, que desde ahora se abre una nueva etapa para la competitividad del país. Otros analistas como Luis Rubio describieron la alianza como “trascendental”.

Comparto aquí las razones por las que permanezco insensible frente a tales arrebatos solidarios.

Primero: es de conocimiento público que el gobierno y el SNTE tenían ya una alianza política. Ésta proviene de la época en que el Presidente fuera candidato.

Poco de sorprendente tiene entonces la ratificación de la alianza, cuando faltan sólo cinco meses para que comience el próximo periodo electoral federal.

Segundo: el documento del jueves pasado sólo contiene las firmas del gobierno federal y del SNTE; no lo signaron, como sí ocurriera en otros documentos similares del pasado, los gobernadores, los partidos, los legisladores o los presidentes municipales.

Tercero: el texto dado a conocer a la opinión pública tiene 13 escuetas páginas donde sólo aparecen enunciados los “qués” de la propuesta, pero no se explicitan ni los “cómos” ni los “cuándos”.

Por esta última razón es que no me atrevo a llamar “reforma” a los contenidos que puedan derivarse de esta alianza.

Desde el escepticismo anunciado y desde la parquedad extrema (e involuntaria) de la información en mi poder, me es posible extraer algunas valoraciones.

Se dijo el pasado jueves que a partir del 2009 todas —repito “todas”— las nuevas plazas docentes del país serán asignadas por concursos de oposición.

¿Esto significa el fin de la manipulación política sobre los nuevos profesores y de la venta de las plazas magisteriales?

Hay una falsedad en la declaración anterior. La gran mayoría de las plazas del sistema de educación básica son estatales y por tanto el gobierno federal no tiene nada que decir con respecto a ellas.

Como los gobiernos locales no signaron la alianza, no están obligados a respetarla. A menos de que se les convenza por la vía política, más de 80% de las plazas futuras no podrán ser vía concurso.

El mecanismo obvio para asegurar que los gobiernos locales también hubieran optado por modificar los esquemas de ingreso hubiese sido una reforma a la Ley General de Educación.

Pero, paradójicamente, el gobierno de Calderón desestimó celebrar una reforma legal para echar a andar su alianza. A diferencia de otros temas, en este caso concreto la mayoría que hubiera requerido el PAN en el Congreso para reformar la ley respectiva era muy fácil de alcanzar.

La imposibilidad de reformar la ley provino quizá de otra parte. Como advirtió hace unos meses el yerno de la profesora Elba Esther Gordillo y actual subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez, una de las condiciones del SNTE para ratificar su alianza con el gobierno calderonista fue que no se tocara la ley mencionada.

Siempre cabe, ya se dijo, la posibilidad de que sea por la ruta del convencimiento y la política, en un recorrido gobernador por gobernador, que la secretaria Josefina Vázquez Mota convenza a los poderes locales de aceptar como propio el acuerdo celebrado.

No pongo en duda aquí las habilidades de esta inteligente y tenaz secretaria de Estado. No obstante, sí lo hago con respecto a la sinceridad de la líder máxima del magisterio, quien eventualmente podría ponerse a hacer el mismo recorrido para deshacer lo que haga la secretaria.

La historia de sus deslealtades es demasiado larga como para jugar a la ingenuidad o al olvido.

Otro de los elementos que, sumado a lo anterior, deja mis expectativas en sus niveles bajos es la manera como se abordó el tema de la carrera magisterial.

Hasta ahora los liderazgos magisteriales han podido manipular la vida, la profesión, la dignidad, las actividades y el futuro de más de un millón y medio de maestros porque tienen en su poder la posibilidad de manipular el ingreso (tema antes analizado), la movilidad, el avance, las prestaciones y el retiro de los docentes.

Gracias a que los dirigentes sindicales hacen con la carrera de los profesores lo que se les viene en gana, es que se sostienen en el poder sin tener que rendirle cuentas a nadie.

Pues este lastre no fue siquiera rosado por la trascendental reforma. (Como se advirtió, sólo lo fue en el tema del ingreso y sólo para el caso de las plazas federales).

Así las cosas, doña Elba Gordillo y sus aliados seguirán controlando cada tramo en la carrera magisterial a través de mecanismos que tienen que ver con la lealtad política y no con los méritos profesionales.

En oposición a esta tragedia, la secretaria Vázquez Mota encontró una manera de contrarrestar al sindicato.

La clave de la alianza está en haber vinculado tanto el presupuesto educativo federal, como los incentivos (los bonos) destinados a los maestros, al desempeño que los alumnos tengan en las evaluaciones conocidas como ENLACE.

Se me explica, por parte de las autoridades de la SEP, que los maestros podrán recibir de uno a seis meses de sobresueldo anual si en las evaluaciones celebradas por esta secretaría se demuestra que los alumnos mejoraron, de un año a otro, en su respectivo nivel de conocimientos.

De ocurrir así, estamos —aquí sí— ante un cambio muy importante. Su éxito dependerá, sin embargo, de que el liderazgo magisterial no participe sesgando los resultados de estas cruciales evaluaciones.

El otro activo interesante planteado en el documento es la incorporación de las universidades e instituciones de educación superior en el sistema de capacitación magisterial.

Con todo, hay temas y tiempos en los que el escepticismo es una actitud preferible. Se trata de una forma de honrar a las experiencias conscientes del pasado.

Analista político