Opinion

Cuando se había creído que el tratado o protocolo de Bucareli (1923-1924) —firmado por los presidentes Obregón y Coolidge, en el que México aceptaba, entre muchas otras iniquidades, que el artículo 27 de la Constitución de la República no fuera aplicable retroactivamente a los ciudadanos estadounidenses ni a sus compañías petroleras que tuvieran tierras en el territorio nacional— era lo peor y no había posibilidades de que algo nuevo lo superara, surgió, sin embargo, la llamada Iniciativa Mérida, en la que el gobierno de Calderón acepta una cuantiosa suma de dinero para mantener un estado de guerra en el territorio nacional a fin de contener, en el límite de nuestras fronteras, la creciente lucha de narcotraficantes que, coludidos con autoridades, se disputan las mejores vías para la exportación de estupefacientes que se maquilan acá por órdenes y financiamiento venido desde allá.

Es increíble que esto se acepte si en el mismo Estados Unidos es una ley sagrada que sus fuerzas militares no sean desviadas a labores policíacas porque, simple y sencillamente, ni están preparadas para ello ni la Constitución lo permite ni los resultados pueden ser positivos, toda vez que, como lo demuestra el caso de México, éstos son contraproducentes porque suscitan el encono, las complicidades, las recomposiciones de las mafias, las venganzas, las ejecuciones, la zozobra y la militarización con sus costos en presupuesto, inseguridad, obstaculización a las actividades económicas y productivas y la anarquía en su máxima expresión.

No es posible entender cómo Calderón no mide todas las consecuencias de sus decisiones. Alguien le podrá estar diciendo que diga que no tiene éxito su esfuerzo porque la sociedad es cobarde y no denuncia; la prensa es cómplice al informar de los asesinatos y los jueces son corruptos cuando el Ministerio Público depende del propio Ejecutivo. Todo menos reconocer su propia responsabilidad.

En 1924 Obregón se plegó a las presiones estadounidenses con tal de ser reconocido oficialmente, porque el origen de su poder a raíz del asesinato del presidente constitucionalista, Venustiano Carranza, lo marcaba ante el mundo, y Estados Unidos, envuelto en la traición a Carranza como lo estuvo en la traición a Madero, bien capitalizó la debilidad política del manco de Celaya para sacar provecho en su beneficio y echar abajo nada menos que los avances logrados en el Congreso Constituyente de 1917.

Hoy se repite el caso: Calderón, sucesor de Fox, a quien incluso ya responsabilizó de haber permitido al país caer en la garras del crimen organizado, es también reo de los gringos por la cuestionada legitimidad de su triunfo electoral, que hasta Fox confiesa que fue fraguado como revancha contra Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto es que Calderón, al igual que Obregón, se vuelve sumiso ante los deseos del gobierno en turno de Washington.

La Iniciativa Mérida, igual que la de Bucareli, es ignominiosa para México. En ambos casos los préstamos serán entregados en armas y asistencia militar; antes para que Obregón derrotara a la rebelión delahuertista, hoy para que en las calles y en las carreteras se escenifiquen las batallas más cruentas y las ejecuciones más atroces sin saber si es contra los narcos o purgas entre los mandos policíacos de todos los niveles. La población civil seguirá siendo la víctima.

Bien se sabe que la violencia genera violencia y que el peso de la autoridad debe respaldarse con la honradez y el buen ejemplo, de lo que precisamente carece este gobierno. No nos podemos engañar con falsas salidas, las palabras se las lleva el viento, y si de mantenerse en el poder se trata por parte del grupo calderonista, mal se sirve a México repitiendo errores históricos que cuestan sangre y atraso.

Calderón no lo ignora, pero prefiere olvidar que la delincuencia debe su origen a una conducta de imitación que el subconsciente graba desde la infancia, y que así como puede ser crítica a la maldad, si los ejemplos que se dan a los niños se conducen por ese lado, también puede ser propicia al mal y a la conducta antisocial si los ejemplos son negativos y proclives a no tener autocensura al incurrir en actos contra el bien y la verdad.

Si, como ahora ocurre, desde el Gobierno se dice a los niños que ni los Bribiesca ni los Mouriño ni los Bueno Torio ni la pareja Fox son malos ejemplos, ni robarse una elección constituye ningún delito, así sí estarán dando los pasos para el futuro próximo, que seguramente no será promisorio.

Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM