Opinion

Cuentan que cuando el presidente Carlos Salinas le planteó a don Fidel Velázquez, entonces líder de la CTM, las modificaciones a la Constitución General de la República para permitir la generación privada de energía eléctrica, el viejo dirigente obrero le contestó: “Sr.. Presidente, no me toque la Constitución, con las leyes haga usted lo que quiera”.

Y fue precisamente eso lo que se hizo, se expidió una ley reglamentaria que permitió la generación de energía eléctrica por el sector privado, tanto para autoconsumo como para venta exclusiva a la CFE, que ha permitido que actualmente los productores privados de energía eléctrica produzcan más de 40% de la electricidad y que aún cuando la Corte determinó, hace algunos años, que es inconstitucional, sigue vigente y no puede ser impugnada porque cuando se aprobó no existía la figura de la controversia constitucional que existe hoy y que da a un 33% de los legisladores la facultad de promover una controversia constitucional contra una a ley aprobada por la mayoría del Congreso.

Desde el inicio del debate sobre la reforma energética quedó claro que el PRI y el PRD se opondrían a cualquier modificación a la Constitución por lo que el gobierno —a pesar de que está convencido que una verdadera reforma requiere de mayor participación del sector privado en la exploración, extracción, transformación y distribución del petróleo y por lo tanto de modificar la Constitución— decidió dejarla de lado para hacer viable la reforma y buscó otras vías para promover la participación privada en Pemex.

La decisión del presidente Calderón de enviar una iniciativa de reforma energética tiene sin duda un gran valor, ya que lo peor que nos puede pasar es que las cosas se queden como están, pues en menos de 10 años pasaríamos de ser exportadores de petróleo a importadores netos; sin embargo, es seguro que en caso de que se aprueben varias de las modificaciones propuestas éstas sean impugnadas en la Corte por posibles violaciones a la Constitución.

Yo no creo que la producción por parte del sector privado de gasolinas a través de maquila, como propone la iniciativa presidencial, nos quite soberanía, ya que actualmente más de 30% de la gasolina que consumimos es importada; sin embargo, no hay que darle vueltas, la propuesta del gobierno está privatizando a futuro la refinación, y es muy probable que sea violatoria a la Constitución, y por lo tanto será impugnada ante la Corte por la fracción del PRD. Lo mismo puede suceder con los contratos de eficiencia o con las concesiones para transporte y distribución, los primeros porque son contratos de riesgo y los segundos porque, igual que en caso de las refinerías, privatizan algo que hasta ahora ha sido exclusivo para el Estado.

El camino de la reforma energética va a ser todavía muy largo, más allá de la toma de tribuna por un grupo del PRD, ya que en caso de que se apruebe existe la amenaza real de una controversia constitucional que la eche abajo.

Ya no son los tiempos de la hegemonía presidencial, ni de Salinas y Fidel Velázquez. Actualmente hay mecanismos para parar cualquier ley que sea violatoria a la Constitución, por lo que los legisladores tendrán que ser muy cuidadosos y asegurarse que lo que aprueben no es violatorio de nuestra Carta Magna ya que de otra manera será rechazada por la Corte y nos quedaremos nuevamente sin reforma, como ha sucedido en los últimos 20 años.

Si después de un análisis legal de fondo se llega a la conclusión de que existe el riesgo de perder una controversia constitucional más vale que el gobierno y los legisladores agarren al toro por los cuernos y se abra un debate a fondo si se requieren cambios constitucionales para sacar a Pemex de la crisis en que se encuentra y evitar que el país pierda la soberanía energética.

demetriosodi@hotmail.com

Analista Político