aviso-oportuno.com.mx

Suscríbase por internet o llame al 5237-0800




Francisco Valdés Ugalde

Privatizar o nacionalizar

Director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-México.

Sus actuales líneas de investigación son la teoría de las insti ...

Más de Francisco Valdés Ugalde



ARTÍCULOS ANTERIORES


    Ver más artículos

    06 de abril de 2008

    A muchos la disyuntiva parece obvia pero no lo es. El término nacionalizar es inadecuado para describir el acto mediante el cual se expropiaron “por causas de utilidad pública” los bienes de las compañías extranjeras que previamente tenían una concesión del gobierno mexicano para explotar el petróleo en alguna de sus formas y bajo ciertas condiciones.

    Pero a veces la historia no la hacen los hechos puros y duros, sino la ideología que se alimenta en torno a ellos.

    La fundación de Pemex llevó a su punto culminante una componente central de la ideología mexicana que puede resumirse como la centralidad del Estado en la economía y concomitantemente, su rol empresarial exclusivo en áreas estratégicas.

    Esta vértebra de lo que podríamos llamar aun hoy en día el sistema mexicano, trató de ser quebrantada en varias ocasiones. Los escritores clásicos de la política mexicana recuerdan la formación, en los años 50 y 60, de dos corrientes contrapuestas dentro del partido dominante respecto del rol del Estado: alemanistas y cardenistas. Los primeros pugnaban por dar una cara más amigable al capital privado y actuar en consecuencia, mientras que los segundos alentaban mantener la “doctrina” acuñada a raíz de la expropiación petrolera.

    De la pugna resultante ocurrió uno de los fenómenos ideológicos más extraordinarios de la época contemporánea. Por una parte se abrieron progresivamente espacios a la inversión privada, mientras que por la otra se sostuvo el control del Estado en los sectores más sensibles para la acumulación estatal de la renta y su distribución a los sectores que hacían posible el sostenimiento de la pirámide del poder: las corporaciones.

    Esta resultante de las valencias del poder estatal en México incluyó la formación de una poderosa corporación empresarial que no estaba afiliada al partido único. En cambio, tenía derecho de picaporte en todo el Poder Ejecutivo. Esta corporación se volvió determinante aun antes de la declinación del control estatal de la economía.

    A la vez, se siguió propagando a los cuatro vientos el discurso estatalista y nacionalista que aseguraba que el petróleo y Pemex eran y seguían siendo “de la nación”. Lo cierto es que ningún economista serio reconoce que la distribución de la riqueza petrolera haya sido “nacional”. Máxime cuando durante toda esta época se formaron (y aún no se terminan) coaliciones cleptocráticas público-privadas que parasitaron la renta petrolera y explican buena parte de la abismal desigualdad en la distribución del ingreso en México.

    Así, tan malo ha sido el roto como el descosido. A partir del gobierno de Miguel de la Madrid, seguido por el de Salinas de Gortari, se inició un cambio de grandes proporciones en el papel tradicional que jugaba el Estado como motor central de la economía para transformarlo en un “rector”. El resultado de esta rectoría, acompañada de las llamadas políticas económicas “neoliberales” liberó a las fuerzas del mercado del control del Estado y abrió la economía al exterior. Menos a Pemex, que se mantuvo como reserva estratégica de la renta gubernamental para financiar principalmente el gasto corriente.

    Si ese “rector” hubiese gobernado cualquier universidad lo habrían corrido pronto. Desde 1982 los ciudadanos y consumidores mexicanos hemos visto cómo se han sustituido los monopolios estatales por monopolios privados; hemos atestiguado cómo se ha mantenido el duopolio de la televisión, coalición cleptocrática por excelencia, y cuyo origen está en el momento culminante, clásico, del predominio del PRI: 1960. En telefonía el salinato nos brindó otra dosis de lo mismo: un gigantesco monopolio.

    Al lado de estas corporaciones económicas que se apropian ilegítimamente (y anticonstitucionalmente) de la renta nacional, se han conformado varias agencias gubernamentales con la misión de salvaguardar los intereses del público frente a las actividades empresariales. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, entre otras. Ninguna de ellas ha podido contrarrestar las prácticas monopólicas del sector privado. Paralelamente existen la Procuraduría General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública. Ninguna de ellas ha sido capaz de impedir eficazmente la apropiación ilegal de la renta nacional que conocemos ordinariamente como corrupción.

    Entonces ¿privatizar o nacionalizar? Se trata de una falsa disyuntiva que suele habitar más en la mente del público y en el discurso de los políticos que en las verdaderas opciones de política.

    Lo cierto es que la estatalización de lo privado o la privatización de la renta estatal no han dado resultados muy virtuosos en México. La banca ha sido un ejemplo en ambos sentidos. Dejó de ser eficiente cuando se le “nacionalizó”, y es altamente ineficiente para el público, de acuerdo con estándares internacionales, ahora que está en manos privadas.

    Cualquier comparación, por más odiosa que sea, lo evidencia. Singapur, Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, y Brasil son ejemplos de países con alianzas público-privadas de largo plazo que se han orientado en un sentido nacional, con una combinación bien lograda de inversión pública y privada, rectoría del Estado, erradicación de la corrupción, mayor competitividad, exposición al mercado internacional y buen desempeño económico. Sus economías hoy están entre las más eficientes del mundo. Ciertamente no son el paraíso traído a la tierra, pero su éxito es innegable.

    Aunque es improbable que ocurra, sería pertinente sacar el debate energético de la falsa polarización en que se le ha colocado. Además, las informaciones que circulan acerca de la poca sinceridad de los actores en disputa (gobierno u oposición), hacen de este debate parte de estrategias políticas que poco tienen que ver con colocar por encima del propio el interés de la nación. De ahí la ausencia de confianza de todos hacia todos y sin confianza no puede haber cohesión nacional en torno a un tema tan trascendente.

    [email protected]

    Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM



    ARTÍCULO ANTERIOR
    Editorial EL UNIVERSAL Un Hoy No Circula más justo


    PUBLICIDAD.