Opinion

Siguiendo la doctrina que aplican el Ejército israelí o el estadounidense, que combinan el uso de inteligencia militar, fuerzas especiales y unidades de la Fuerza Aérea para aniquilar a los líderes de agrupaciones terroristas, el Ejército colombiano atacó y mató a Luis Édgar Devía, conocido como el comandante Raúl Reyes, uno de los dirigentes máximos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que intentó protegerse en la zona selvática de Ecuador, en la frontera con el Putumayo, en el sur de Colombia.

La operación militar fue certera, pero desastrosa en términos políticos y profundizó la tensión en la subregión andina, con el desplazamiento inmediato de tropas de Venezuela y Ecuador hacia la frontera colombiana, la ruptura temporal de las relaciones diplomáticas, el involucramiento de Nicaragua, que tiene diferencias territoriales con Colombia, y la intervención callada, pero activa, de Estados Unidos.

Aunque una semana después del incidente, Ecuador, Venezuela y Nicaragua restablecieron sus relaciones diplomáticas con Colombia, la tensión pareció disminuir, pero sólo de manera limitada. Perú, Chile y México investigan el tipo de involucramiento de sus connacionales que estuvieron en el campamento de las FARC antes o durante el ataque del Ejército colombiano.

Las agencias de inteligencia mexicanas siguen puntualmente cada secuela del incidente y, según las versiones ofrecidas a reporteros de EL UNIVERSAL, presumen que un grupo de jóvenes mexicanos podría estar recibiendo instrucción en operaciones guerrilleras en la región andina, dentro y fuera de Colombia.

Sin embargo, las evidencias sobre la supuesta red de reclutamiento y entrenamiento militar de las FARC en el Distrito Federal y otras ciudades de México siguen siendo insuficientes. Lo único que parece quedar claro es que los servicios de inteligencia han puesto una atención prolongada en todo lo que sucede en los “cubículos liberados” de Ciudad Universitaria y en los vínculos de sus usuarios con las organizaciones de solidaridad con Colombia y Venezuela.

La información que fue hallada en la computadora portátil de Raúl Reyes, poco después del ataque militar que acabó con su vida, sugiere que Quito, la capital ecuatoriana, era un hervidero de agencias de inteligencia de varios países de América Latina que vigilaban lo que ocurría en el Segundo Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana.

Varios jóvenes de América Latina, entre ellos los mexicanos, que acudieron a ese congreso aprovecharon su viaje a Ecuador para visitar el campamento de las FARC.

Dos chilenos fotografiados junto a Raúl Reyes dijeron a la prensa de su país que ellos habían viajado al campamento de las FARC el 24 de febrero, el mismo día que empezaba el congreso de la Coordinadora Bolivariana con el fin de protestar contra la presencia de las instalaciones militares estadounidenses llamadas Forward Operating Locations en Manta, Ecuador. Otros nacionales peruanos fueron arrestados cuando regresaron a su país después del fin del congreso.

La policía peruana dijo que tenían vínculos con las organizaciones Sendero Luminoso y con el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.

Esta información le habría confirmado al gobierno colombiano la presencia de Raúl Reyes en las inmediaciones de la frontera con Ecuador.

En declaraciones al periódico Hoy de Quito, el ministro coordinador de seguridad Gustavo Larrea dijo que cuatro mexicanos, uno de ellos del IPN y tres de la UNAM, todos entre 28 y 33 años, habían estado viajando a la selva amazónica el 29 de febrero, además de Lucía Morett, la joven herida en el incidente. El ataque a las FARC comenzó en la madrugada del día siguiente.

El gobierno mexicano considera que los jóvenes relacionados con las FARC pueden representar un riesgo para la seguridad nacional y está haciendo esfuerzos para repatriarlos y completar así la identificación de los mecanismos de las FARC para reclutar adherentes y, al mismo tiempo, entrenar a extranjeros que desean recibir ambientación y/o entrenamiento en el armamento, tácticas y operaciones contemporáneas de la insurgencia armada.

Sin embargo, para lograr la repatriación, el gobierno de México tendría que mostrar pruebas fehacientes del vínculo operativo de esos mexicanos con la guerrilla colombiana. Sin esas pruebas, lo único que podría demostrar es el interés o la curiosidad de jóvenes mexicanos por las guerrillas que aún existen en América Latina. Esa curiosidad no es ningún delito ni representa ninguna amenaza a la seguridad nacional.

Más allá de esas especulaciones, la diseminación del conflicto armado colombiano a todos los países de la subregión andina representa un riesgo muy elevado para la estabilidad de la zona donde aún persisten conflictos por límites territoriales y donde los narcotraficantes producen el 100% de la cocaína que consumen los estadounidenses. Estados Unidos considera que 70% de esa cocaína pasa por México.

De alguna manera, el conflicto tiene su extensión en México. El éxodo forzado de cientos de miles de colombianos afectados por la violencia en su país ha facilitado que tanto combatientes de las FARC como integrantes de los grupos paramilitares y agentes de la inteligencia civil y militar colombiana sigan su enfrentamiento en numerosos países del mundo, incluido nuestro país.

El gobierno del presidente Álvaro Uribe ya demostró que los objetivos de la contrainsurgencia tienen para él más prioridad que el interés de mantener la estabilidad regional. El reto para México es cómo preservar su seguridad, sin alentar la extraterritorialidad de los operativos colombianos, sin permitir que las FARC recluten a mexicanos como “correos” de la guerrilla, pero al mismo tiempo, sin satanizar ni criminalizar a una juventud disidente que tiene simpatía por las guerrillas latinoamericanas.

jlsierra@hotmail.com

Especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas