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Alejandro Encinas Rodríguez

Rescatar al campo 2

Es economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su actividad profesional se ha desempeñado como asesor de la Comisi ...

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    29 de enero de 2008

    Como apunté anteriormente, no basta revisar el capítulo agropecuario del TLC, como tampoco el frustrado Acuerdo Nacional para el Campo e incluso el programa emergente para la producción de frijol y maíz que propuse la semana pasada. Estos son urgentes y necesarios, pero insuficientes para superar la crisis económica y social que enfrenta el agro mexicano.

    Superar esta situación requiere en primer término asumir que la seguridad alimentaria, la recuperación productiva y el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos son asuntos estratégicos en la agenda de la seguridad nacional. Se trata de establecer una política de Estado y de restablecer las funciones y responsabilidades a las que el neoliberalismo abdicó.

    El Estado debe reponer y rediseñar los instrumentos públicos para el fomento de la actividad productiva; la atención especial a la investigación y desarrollo tecnológico; a la infraestructura en educación, salud y servicios rurales; reconocer la diversidad de unidades productivas, en particular del ejido y de la economía campesina, que han demostrado su profundo arraigo en nuestra cultura y capacidad de resistencia frente a los embates que promovieron su extinción; y desterrar las tentaciones del nuevo corporativismo para debilitar las organizaciones campesinas.

    Dirán los defensores del neoliberalismo que lo aquí planteado busca restaurar el viejo Estado paternalista. Por el contrario, se trata de que al igual que en los países socios se establezcan mecanismos de compensación a los productores. Por ejemplo, datos proporcionados por organizaciones campesinas señalan que en México el crédito al sector agropecuario se redujo —en términos reales— de 1994 a 2007 de 51 mil millones de pesos a 5 mil 200 millones; sólo 15 de cada 100 productores tuvieron acceso al crédito de avío y cinco de cada 100 a crédito refaccionario. El crédito de la banca comercial al campo representa apenas 1.6% de su cartera y 0.3% de la banca de desarrollo. Las tasas de interés que pagan los productores mexicanos están hasta 200% por encima de las que pagan en EU.

    El segundo lugar, el rescate del campo tiene que ver con sus actores sociales y organizaciones. Nos encontramos ante el eventual resurgimiento del movimiento campesino. Los acuerdos recientes han permitido el acercamiento de diversas agrupaciones, que ante la apertura comercial han logrado posicionar la problemática del campo en el debate nacional y al mismo tiempo han construido los primeros acuerdos para su reencuentro, como el Plan Chamizal presentado el primer día del año.

    Sin embargo, la experiencia de las últimas décadas indica que ello tampoco es suficiente. El golpe asestado al movimiento y a muchas de sus organizaciones que significaron las reformas legales del salinismo, el desmantelamiento y privatización de las instituciones públicas para el desarrollo rural y la cooptación de dirigentes en esos años lo debilitaron y dividieron, por lo que es necesario un esfuerzo mayor para avanzar hacia una nueva organicidad democrática y la definición de una agenda común que garanticen su unidad de acción.

    Si bien esta agenda atraviesa por la exigencia de revisar el capítulo agropecuario del TLC y el Acuerdo Nacional para el Campo, y por la demanda de una política de Estado que permita establecer condiciones de equidad con los productores de los países asociados, ésta debe incluir además la defensa de la economía campesina y la sociedad rural, partiendo de reconocer que la apertura de los mercados requiere de la competitividad de las cadenas productivas y las redes de valor, que pueden alcanzar los productores mexicanos.

    Ello demanda políticas de incremento a la productividad de los diferentes sistemas producto; la inversión en infraestructura y la ampliación de las superficies de riego; el mejoramiento tecnológico y de la calidad genética de las plantas, impidiendo la presencia de maíz y otros productos transgénicos; la reconversión productiva, respetando la vocación agroecológica de las regiones, la conservación de suelos, la cosecha de agua y la protección a los bosques del país; la creación de redes de comercialización; y programas de desarrollo regional que permitan creación de empleos, intercambio comercial y cohesión social en el campo.

    De manera primordial, se requiere la organización de productores. Es impensable hoy el desarrollo de organizaciones campesinas sujetas a prácticas clientelares del pasado; se necesita asociar la organización al fortalecimiento de las unidades productivas campesinas y al esquema de sistema producto, con apoyos públicos transparentes y respeto a su autonomía.

    Lo que se antoja difícil ante un gobierno que, ausente de legitimidad, carece de una visión de Estado, más interesado en los negocios y el pago de favores desde el poder público. De ahí la importancia de la marcha campesina del próximo jueves, en un nuevo intento por ubicar al campo en el sitio que le corresponde en el devenir nacional.

    [email protected]

    Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM



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