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Ricardo Raphael

De injusticias e intolerancias

Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Maestría en Administración Pública por la Escuela ...

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    24 de diciembre de 2007

    Acteal es sinónimo de intole-rancia. Lo fue hace 10 años cuando 45 personas fueron asesinadas en los Altos de Chiapas, y lo sigue siendo hoy cuando, a 10 años, las víctimas de aquella masacre continúan sin encontrar quien les restituya justicia.

    Sin duda, el principal responsable de aquella tragedia ocurrida el 22 de diciembre de 1997 es el Estado mexicano. En las declaraciones que constituyen a la investigación penal existen suficientes elementos para asumirlo así.

    Cinco de los individuos que integraban al grupo de “los vengadores”, y que sin coacción ni violaciones al procedimiento han declarado haber participado en la masacre, confiesan que contaron con respaldo de diversas autoridades.

    Según ellos, fue Antonio Santís, cacique de Los Chorros, quien les contrató para que mataran zapatistas. (Un hombre que, por cierto, gracias a las presiones sociales reingresó a la cárcel hace un par de días).

    Los vínculos de Santís con el presidente municipal de la comunidad y también con los jefes de la policía estatal han sido exhibidos a lo largo de este proceso. ¿Consiguió este cacique, de parte de estos funcionarios, las armas y el entrenamiento para los autonombrados “vengadores”? Éste es un eslabón que debe ser revisado más detenidamente para contar con una respuesta incontrovertible.

    Por otra parte, varios líderes de la comunidad que habita en los Altos de Chiapas advierten que el entonces gobernador, Julio César Ruiz Ferro, sugirió a los priístas que se defendieran por sí mismos de las arbitrariedades impuestas por los zapatistas. Ésta es otra línea de investigación que debería seguirse para fincar responsabilidades.

    Cabe destacar, en el mismo sentido, que aun si la policía y también el Ejército mexicano se encontraban a una distancia suficiente para escuchar los tiros, ni un cuerpo ni otro de seguridad recibió órdenes para detener la masacre. Es por esta razón que hoy se encuentran varios integrantes de la policía estatal tras las rejas del penal El Amate. Se les acusa de homicidio por omisión.

    Las responsabilidades del Estado no se detienen ahí. Como ya se narraba en el artículo de la semana pasada, ante la presión política internacional y nacional que detonó Acteal, las autoridades del Estado fabricaron culpables.

    Primero detuvieron sin orden de aprehensión a 24 personas que, montadas en un camión de redilas, pasaron junto al cortejo fúnebre de los deudos. A estos primeros inculpados se les practicaron las periciales del caso y todas salieron negativas.

    Sin embargo, dada la urgencia de encontrar responsables materiales de la masacre que pudieran distraer la atención sobre los asesinos intelectuales, estos 24 indígenas terminaron tras las rejas.

    Pocos días después, el presidente municipal de Chenalhó citó en una escuela a otro número similar de integrantes de la comunidad. Se les dijo que necesitaban información sobre los posibles responsables. Acudieron sin sospechar (no tenían por qué hacerlo) que ahí serían detenidos y luego conducidos como culpables al penal de Cerro Hueco.

    Tampoco a estos individuos se les respetaron sus derechos. Fueron detenidos sin orden de aprehensión, se violaron las prerrogativas que, según la Constitución, poseen los ciudadanos cuando se enfrentan a un proceso penal. Hasta hoy han permanecido durante cerca de 10 años sin que los jueces hayan tomado en cuenta los elementos que prueban su inocencia.

    Seis meses después, cayeron presos, y por un delito diferente al de las muertes de Acteal, Roberto Méndez Gutiérrez y Lorenzo Pérez Vázquez. Contrario a los casos arriba mencionados, ellos sí confesaron su participación en aquella masacre y también le explicaron a la autoridad ministerial las razones y los hechos detrás de aquella tragedia.

    No obstante, las autoridades del Estado mexicano encargadas del caso desestimaron estas confesiones. Prefirieron retener a los primeros acusados que reconocer el equívoco. Puede suponerse que desestimaron estas confesiones ya que de tomarlas con seriedad, el derrotero de la investigación hubiera podido conducirse contra Antonio Santís y también contra sus cómplices intelectuales, varios de ellos funcionarios públicos.

    Tengo para mí que no se requieren muchas pruebas más para suponer la responsabilidad del Estado mexicano sobre estos hechos de sangre. En el expediente judicial, que pesa alrededor de 2 toneladas, hay elementos suficientes para dirigir una investigación que permita detener a los verdaderos asesinos materiales, así como a los asesinos intelectuales, que han logrado eludir la acción de la justicia.

    Y sin embargo, a 10 años de aquella masacre, el principal señalamiento sobre los culpables ha provenido de los medios de comunicación. En cambio, el proceso penal se mantuvo en el limbo por todo este tiempo hasta que en el mes de octubre de este año, en una sentencia plagada de inconsistencias, se decidió juzgar a culpables e inocentes por igual.

    Acteal es un monumento a la intolerancia que también se sigue en la mayoría de los procesos penales mexicanos donde hay indígenas, pobres y discriminados. Sólo quienes poseen poder político y económico, sólo quienes tienen la capacidad de fabricar pruebas, sólo quienes pertenecen a la casta adecuada, reciben beneficios del aparato penal mexicano.

    En cambio, la justicia es sistemáticamente intolerante con los ciudadanos de segunda. Como ocurre con los inocentes de este proceso, si no se cuenta con dinero para pagar un abogado, si no se poseen herramientas culturales y relaciones para obtener la atención de los juzgadores, la justicia no llega nunca.

    Si, además de lo anterior, se es chivo expiatorio para que otros sorteen la presión política, el resultado neto son 10 años de prisión preventiva.

    Resolver los hechos ocurridos en Acteal restituirá justicia a las víctimas y a los deudos de la masacre. Pero también puede terminar siendo un precedente legal importantísimo para los muchos miles de casos penales que todos los años se juzgan en nuestro país y que, dentro de los juzgados, suelen seguir un modus operandi similar al de Acteal.

    Esta es la razón por la que vale la pena llevar este caso ante la SCJN. No hay detrás de esta voluntad proteger a los funcionarios del Estado que pudieron haber estado detrás de la masacre, ni mucho menos negar que hubo una masacre. El propósito es forzar, por todos los medios, a que se haga justicia.

    Analista político



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