Opinion

Después de la ejecución del ex diputado federal y ex presidente municipal de la población fronteriza de Río Bravo, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, el presidente Felipe Calderón reconoció que el narcotráfico había infiltrado a la política y ordenó la saturación militar del corredor Reynosa-Río Bravo.

La acción podría ser interpretada como un mensaje de firmeza gubernamental dirigido a los grupos de narcotraficantes, principalmente al Cártel del Golfo, que desde hace varios años mantiene la supremacía en las operaciones criminales de esta parte de la frontera. Sin embargo, no necesariamente sería un mensaje de efectividad.

La presencia en masa de elementos del Ejército en esta región del país ha servido para disminuir temporalmente las operaciones criminales. Lo vimos en 2004 con la operación México Seguro. Una vez que termina la movilización extraordinaria del Ejército, o que se retiran los elementos de apoyo provenientes de otras zonas militares, todo vuelve aparentemente a la normalidad.

La saturación de ciudades como Reynosa o Río Bravo con soldados y la exhibición de equipo militar en las calles genera también otros efectos no deseados. Primero mantiene la percepción de los grupos de derechos humanos de que el gobierno federal sigue con su política de militarizar la seguridad pública, a pesar del riesgo constante de abuso contra la población civil.

Es demasiada la cercanía del equipo militar y los efectivos del Ejército con los pobladores. Además de vigilar las calles, los soldados custodian los puentes internacionales y el acceso por carretera a estas ciudades. Mientras las tropas vigilan el tránsito de automóviles y de personas, algunos soldados apostados en la torreta de sus vehículos blindados, como sucede en Irak, apuntan la boca de sus armas hacia los vehículos que se aproximan a los puentes.

Otros detalles también llaman la atención. Uno es que el rápido despliegue militar contrasta con la lentitud política que exhibió el gobierno federal para atender las denuncias insistentes de Guajardo sobre la presunta movilización del Cártel del Golfo en favor de los candidatos del PRI. Antes que él, los candidatos panistas a las alcaldías de Ciudad Mier y Guerrero, así como de Reynosa, habían denunciado intimidaciones por parte de la delincuencia organizada.

El narcotráfico, sin embargo, no tiene preferencias partidistas y dirige sus esfuerzos de corrupción hacia todos los partidos. No le importa el origen político de los gobernantes, sino su disposición a cooperar activamente o cerrar los ojos ante sus operaciones. Los gestores de estas organizaciones criminales suelen movilizarse en cada periodo electoral para ofrecer apoyo a las fuerzas políticas que puedan ser útiles para la operación impune del tráfico de drogas, personas, armas, extorsión y violencia armada.

Los integrantes del Cártel del Golfo también muestran una hiperactividad en la infiltración de grupos de la sociedad que reclaman respeto a los derechos humanos. Cuando las fuerzas federales cometen un abuso de fuerza contra los pobladores, las protestas genuinas de familiares, vecinos y grupos de derechos humanos quedan vulnerables ante los intentos de infiltración del narcotráfico, siempre dispuesto a engrosar los mítines, sufragar los gastos en mantas y pancartas, así como pagar anuncios a plana completa en los diarios locales para ayudar a las voces que protestan contra la militarización de la frontera.

Guajardo, ex militante del PRI, convertido después en militante del Partido del Trabajo, era uno de los escasos políticos de la oposición mexicana que había tomado cursos sobre seguridad nacional en otros países y hablaba, con propiedad, de cómo la lucha frontal del gobierno mexicano contra el narcotráfico estaba limitada a ser una mera administración de la amenaza.

En una entrevista reciente con un reportero de televisión del sur de Texas, Guajardo destacaba la necesidad de la cooperación de Estados Unidos y reclamaba más tropas federales para luchar contra las drogas. Ojalá que los narcotraficantes no agredieran a “familias y personas de bien”, deseaba el ex alcalde. Según Guajardo, la delincuencia organizada estaba fuera de control de las autoridades locales y estatales, y por esa razón el gobierno había decidido enviar una gran cantidad de fuerzas federales. “Ahora nos sentimos más seguros”, decía.

Guajardo murió abatido por el fuego indiscriminado de un grupo armado que lo ejecutó a la luz del día, a unas cuadras de la casa de su familia, junto con dos policías federales que escoltaban al legislador y tres colaboradores. Dos transeúntes resultaron heridas.

Luego de las ejecuciones, unos 400 soldados de fuerzas especiales llegaron en refuerzo de las tropas de la Octava Zona Militar que dirige el general de Brigada Alfredo Fregoso Cortés, uno de los mandos militares con más experiencia en el combate a fuerzas irregulares. La presencia de los soldados podría aumentar la sensación de seguridad entre los pobladores de esta zona de la frontera, pero sólo temporalmente.

Si de lo que se trataba era de frenar la infiltración del narcotráfico en la política, quizá lo más conveniente sería reforzar las operaciones del Cisen y movilizar a grupos de investigadores de la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República. Sin el despliegue de esta capacidad de investigación, la movilización de soldados no pasaría de ser una mera exhibición de fuerza militar. Vistosa, pero inútil.

jlsierra@hotmail.com

Especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas